El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el desastre ecológico en el río Sonora, ocasionado hace una década por una filial minera de Grupo México, permanecerá como un “expediente abierto” y que no habrá cierre en el caso hasta que se logre la remediación total y la reparación de los daños.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador subrayó que existe una denuncia penal en proceso tanto en Sonora como en la Fiscalía General de la República (FGR). “Vamos a darle seguimiento, se está trabajando permanentemente, pero vamos a avanzar más en estos días que nos faltan y es muy importante que quede el expediente abierto. No hay carpetazo para darle continuidad y se llegue a la remediación y también a la reparación de los daños”, expresó el mandatario.
El vertido de 40 millones de litros de tóxicos en el río Sonora, considerado el mayor desastre minero en la historia de México, cumplió esta semana 10 años. A pesar del tiempo transcurrido, persisten denuncias de impunidad y nuevas acusaciones de los pobladores originarios contra Grupo México, a quienes señalan por la sobreexplotación del agua en la región.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha presentado denuncias contra Grupo México por negligencia en la construcción del depósito de desechos. Al mismo tiempo, los pueblos afectados aseguran que la minera continúa despojándolos del vital líquido, exacerbando la crisis en el río Bacoachi.
El desastre ambiental, según un informe de la Semarnat, ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado se derramaron en el río Sonora debido a una “negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas”. Este hecho afectó a 22 mil habitantes de ocho municipios, dejando a su paso aguas contaminadas con arsénico, aluminio, mercurio, hierro y manganeso, elementos que aún hoy ponen en riesgo la salud de los residentes y la viabilidad de sus tierras y animales.
En junio de este año, el Gobierno exigió a Grupo México la implementación de un “nuevo programa de remediación”, al considerar que los esfuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes. La población sigue esperando justicia y una solución definitiva que ponga fin a una década de crisis ambiental en la región.
