En un movimiento que aumenta la tensión entre los poderes de la nación, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), solicitó la suspensión de salarios a los trabajadores del Poder Judicial que participan en el paro de labores en protesta contra la reciente reforma. Además, se pidió considerar la destitución de aquellos que se mantengan en paro.
En un documento dirigido a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial, la SHCP argumenta que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) incurrió en irregularidades al emitir la circular que permitió el paro. Según la dependencia, la competencia para tratar este tipo de asuntos no corresponde al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, sino al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
La SHCP también cuestionó la legitimidad de la decisión del CJF, señalando que, aunque se tomó en una sesión extraordinaria del Pleno, no se especificó el quórum ni la votación de los consejeros. Asimismo, acusó a la Judicatura Federal de no cumplir con su responsabilidad de exhortar a los servidores públicos a evitar causar un perjuicio grave a la sociedad con la suspensión indefinida de sus actividades.
El documento de Hacienda cita la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que el CJF debe pagar a sus empleados siempre y cuando cumplan con sus funciones de manera eficiente. En este sentido, la SHCP argumenta que el paro de labores no se realizó conforme a la ley, por lo que los participantes incurren en “inasistencia injustificada,” lo que justificaría la suspensión de sus salarios.
Además, la Secretaría de Hacienda advirtió que continuar con el paro y bloquear el acceso a las sedes judiciales podría considerarse una “falta grave,” lo que podría dar lugar a descuentos en nómina, finalización de nombramientos, ceses en cargos, y otros procedimientos disciplinarios y de responsabilidad administrativa.
Finalmente, Hacienda calificó de “ilegal” la suspensión de actividades de los órganos jurisdiccionales y subrayó la obligación del CJF de garantizar la continuidad del servicio de impartición de justicia, a pesar de las manifestaciones en contra de la reforma. La situación se sigue desarrollando, y se espera una respuesta por parte del Poder Judicial en las próximas horas.
INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL
