A dos semanas de la implementación del Operativo Enjambre van 24 servidores públicos de diferentes municipios del Estado de México detenidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
El Operativo Enjambre es la primera acción de seguridad colaborativa del actual gobierno.
Todo comenzó el pasado 22 de noviembre, cuando fuerzas de seguridad se desplegaron a lo largo de varios municipios del Edomex y detuvieron a siete de los 14 funcionarios públicos que contaban con órdenes de aprehensión.
En el informe de seguridad del pasado 3 de diciembre, Omar García Harfuch, secretario de seguridad federal, anunció que, a la fecha, ya suman 24 detenidos.
“Se llevó a cabo una acción como resultado de meses de trabajo de investigación, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Gabinete de Seguridad para identificar entramados criminales que, bajo modos de encubrimiento, intervención o participación, favorecieron actividades ilícitas y de financiamiento de estructuras delincuenciales con presencia en esta entidad. Esto permitió identificar la relación de servidores públicos con grupos delictivos”, declaró García Harfuch.
De acuerdo con la información presentada, los municipios del Estado de México con servidores públicos detenidos son Tejupilco, Jilotzingo, Ixtapaluca, Amanalco, Tonatico, Texcaltitlán, Naucalpan y Chicoloapan.
Entre los primeros siete aprehendidos se encontraban cinco directores de seguridad pública, un director del DIF y la alcaldesa de Amanalco, María Elena N. Todos ellos ya se encuentran vinculados a proceso penal y en prisión preventiva justificada por delitos como homicidio y secuestro con fines de extorsión.
Además de los detenidos, Isidro Cortés Jiménez, director de seguridad en el municipio de Texcaltitlán, se suicidó momentos antes de ser privado de la libertad por las autoridades.
En el operativo inicial participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), militares de la Defensa y la Guardia Nacional, elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República y la fiscalía local del Estado de México.
Según fuentes federales, se presume que estos servidores públicos facilitaban las actividades ilícitas de grupos criminales como La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti Unión Tepito.
Por ejemplo, durante la audiencia de vinculación a proceso de la alcaldesa de Amanalco, la Fiscalía señaló que la edil estaba involucrada en el homicidio del síndico Miguel Ángel Lara de La Cruz, y su chofer Guillermo Gerónimo Roque, ocurrido el 27 de enero de 2023.
Según reportó Organización Editorial Mexicana (OEM), la alcaldesa, en colusión con el grupo criminal La Familia Michoacana, habría solicitado al síndico que acudiera a Zacazonapan para asuntos de la administración municipal, pero sobre la carretera fueron secuestrados él y su chofer y asesinados.
Además, la FGJEM aportó pruebas que acreditaban los presuntos nexos de la presidenta municipal con los líderes de La Familia Michoacana, refirieron que el grupo delictivo tenía la mitad del presupuesto que manejaba el ayuntamiento local.
Como la edil, fueron vinculados a proceso penal y quedaron en prisión preventiva justificada los funcionarios de seguridad pública Rodolfo N y Roberto N de Ixtapaluca; Eraclio N de Tejupilco; Omar N, de Naucalpan; y Manuel Alejandro N, de Amanalco. En la misma situación jurídica se encuentra Ellery N, director del DIF de Tonatico.
Respecto al Operativo Enjambre, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), consideró que es un primer avistamiento de un ejercicio colaborativo entre fuerzas de seguridad federales, estatales e incluso con Fiscalías.
“Creemos que es positivo que finalmente estemos viendo operativos que no se hacen en flagrancia, sino que son el producto de una investigación, pues de varios meses y que lo que están demostrando es que en cierto sentido hay una coordinación que está llevando a la detención de estas personas”, señaló la especialista en seguridad.
Sin embargo, advirtió que es necesario que estas detenciones lleguen a buen puerto a nivel jurídico, para que las y los imputados sean sentenciados.
“Es importante que empecemos a reconocer que uno de los grandes problemas que tiene México es precisamente la colusión o la permeabilidad que existe entre el mundo de la delincuencia y de la política y del ejercicio del gobierno”, comentó la especialista en seguridad.
Otros funcionarios detenidos son Rafael N, jefe de la célula de combate a la extorsión de Ecatepec y Vianey Analleli N, policía del mismo municipio. Ambos acusados de homicidio calificado y capturados el 27 de noviembre.
Igualmente han sido aprehendidos comisarios, policías y hasta civiles presuntamente vinculados con con la delincuencia organizada.
INFORMACIÓN DE EL SOL DE MÉXICO
