El Gobierno de San Luis Potosí rescató este jueves a alrededor de diez adultos mayores que se encontraban en la residencia privada Santa Sofía, localizada al sur de la capital potosina, tras la difusión de imágenes que evidenciaban presuntos actos de maltrato físico hacia los residentes. El establecimiento, que operaba sin contar con las autorizaciones correspondientes en materia de salud y protección civil, fue clausurado de inmediato.
Según los reportes preliminares, el operativo fue resultado de una denuncia ciudadana que motivó la intervención de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que encabezó una inspección en el inmueble ubicado sobre la avenida Fray Diego de la Magdalena. Se trataba de un centro de atención para personas mayores donde, de acuerdo con denuncias, se ejercían diversos tipos de abusos sin contar con las certificaciones necesarias para su funcionamiento.
El titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores, informó que durante la revisión se constató que el sitio no tenía permisos de operación ni un plan interno de protección civil. Además, carecía de extintores, rutas de evacuación, puntos de reunión seguros, espacio para almacenamiento de materiales peligrosos, protocolos adecuados para el manejo de residuos, botiquín de primeros auxilios, lámparas de emergencia y personal capacitado.
Nuestro compromiso es por una vejez digna para los adultos mayores, les informo que los adultos mayores ya fueron rescatados por el @DIFEstatalSLP y Protección Civil Estatal, ya están protegidos y fueron trasladados a la Casa de los Potosinos.
El asilo Santa Sofía fue clausurado… pic.twitter.com/dUf01W3vBq
— Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) May 15, 2025
Dado que los adultos mayores presentaban condiciones precarias de salud y el lugar no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad, las autoridades decidieron proceder con el cierre definitivo del establecimiento.
La CEPC apoyó el traslado de los 10 adultos mayores —seis hombres y cuatro mujeres— a la Casa de los Potosinos, donde se les garantizará un trato digno, según aseguró el funcionario. Uno de los residentes tuvo que ser trasladado en ambulancia debido a su delicado estado de salud.
En el operativo también participaron el DIF Estatal, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), los Servicios de Salud de San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil Estatal.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona hizo un llamado a la sociedad para que no delegue completamente el cuidado de los adultos mayores en instituciones, subrayando que también es responsabilidad de las familias verificar que sus seres queridos reciban atención adecuada y respetuosa.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que ya abrió una carpeta de investigación con el objetivo de establecer responsabilidades penales contra quienes resulten responsables de las agresiones.
Sobre el caso de los adultos mayores maltratados en la Residencia Santa Sofía, me parece indignante lo que está ocurriendo, este asilo no pertenece a Gobierno del Estado, es particular. Pediré a la @FiscaliaSLP que tome cartas en el asunto y haga las investigaciones pertinentes… https://t.co/3gfTPHjq1k
— Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) May 15, 2025
De acuerdo con el diario Pulso de San Luis, los abusos documentados en video datan de enero de 2023. La activista Xóchitl Tolentino declaró a Milenio Televisión que, aunque las grabaciones son del año pasado, se han recibido testimonios recientes que aseguran que las agresiones continúan.
Pulso también señala que, según testigos, el asilo pertenecía originalmente a un médico de apellido Cedillo, quien gestionaba el lugar bajo parámetros aceptables. Sin embargo, tras la venta del inmueble a Águeda Rodríguez, quien posee formación como enfermera pediátrica pero no geriátrica, el funcionamiento del lugar decayó drásticamente. Los trabajadores ya no contaban con seguro, y el establecimiento carecía de condiciones básicas de seguridad.
Uno de los testimonios recogidos por Pulso denuncia graves omisiones: “No hay supervisión por parte de Protección Civil, ni rampas de acceso para personas con discapacidad, ni salidas de emergencia. Hay tráfico de ropa y pañales. Algunos familiares llegaron a encontrar a sus seres queridos en estado deplorable, a pesar de haber pagado puntualmente mensualidades de hasta 15 mil pesos y de haberles comprado ropa nueva”.
