Embajada, cancillería y Seguridad desmienten versión de Reuters
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, rechazó las versiones sobre supuestas presiones del gobierno estadounidense al de Claudia Sheinbaum para iniciar investigaciones contra políticos mexicanos a cambio de reducir aranceles.
“La información es falsa. Lo que sí es claro es el compromiso de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir a los cárteles, el fentanilo y las redes que amenazan a ambas naciones”, publicó Johnson en su cuenta oficial de X.
La declaración surge luego de que la agencia Reuters reportara que funcionarios de Estados Unidos, presuntamente encabezados por el secretario de Estado, Marco Rubio, habrían solicitado acciones concretas contra políticos mexicanos —algunos de ellos de Morena— supuestamente vinculados al crimen organizado, con la amenaza de imponer nuevos aranceles si no se accedía a las demandas.
Según el mismo reporte, la petición inicial habría tenido lugar el pasado 27 de febrero en una reunión entre Rubio y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Incluso se mencionó la existencia de una lista de funcionarios mexicanos a ser investigados.
Sin embargo, tanto la embajada estadounidense, como el Departamento de Justicia de EE.UU., la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Gobierno de México negaron categóricamente esas versiones.
La SRE publicó en redes sociales que “es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario Rubio o su equipo se hayan hecho solicitudes para investigar, perseguir o extraditar a funcionarios mexicanos”.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, también desmintió la versión. En entrevista con Azucena Uresti, aseguró que durante la reunión sostenida con Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, “no se mencionó a ningún político mexicano”.
“Cuando hay una investigación en curso, no se solicita así. Se hace por vía judicial, con una orden. Nunca se trató ese tema”, enfatizó.
Tres autoridades —la embajada de EE.UU., la SRE y la Secretaría de Seguridad— coinciden en negar que se hayan realizado solicitudes directas para investigar a actores políticos mexicanos, señalando que la versión carece de sustento y afecta la relación bilateral en un tema particularmente delicado.
