*Armando Corona asegura que su propuesta busca proteger a sectores vulnerables, no limitar la libertad de expresión
Luego de la ola de críticas que desató su propuesta de reforma al Código Penal Federal para castigar con prisión de tres a seis años la creación y difusión de memes, stickers e imágenes generadas con inteligencia artificial, el diputado morenista Armando Corona Arvizu anunció que modificará el texto para excluir a los servidores públicos de la lista de posibles víctimas.
La iniciativa, presentada esta semana en la Cámara de Diputados, provocó un fuerte debate en redes sociales y entre juristas, quienes señalaron que la medida podría vulnerar la libertad de expresión y convertirse en un instrumento para proteger a políticos y funcionarios de la crítica pública.
A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, el legislador reconoció la controversia y ofreció una corrección:
“He decidido que el tema de servidores públicos desaparezca. Lo que queremos es proteger a mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, no generar polémica”, expresó Corona Arvizu.
La propuesta original
En su versión inicial, el diputado proponía sancionar con prisión a quienes crearan o difundieran imágenes, audios o videos manipulados digitalmente, incluyendo aquellos generados con inteligencia artificial, cuando su objetivo fuera ridiculizar, acosar o dañar la reputación de otras personas.
El texto contemplaba como posibles víctimas a menores de edad, personas con discapacidad y servidores públicos, lo que desató una andanada de críticas por considerar que pretendía proteger a políticos de los memes y la sátira digital.
Corona negó que esa fuera su intención:
“Nunca fue la idea censurar ni limitar la libre expresión. La iniciativa busca frenar el uso indebido de herramientas digitales que dañen la dignidad de las personas”, aclaró.
Ajustes al proyecto
El legislador adelantó que el próximo lunes dialogará con sus compañeros de bancada para eliminar del documento cualquier referencia a servidores públicos y mantener el enfoque en grupos vulnerables.
“Queremos que la iniciativa siga su curso, pero centrada en quienes realmente necesitan protección, no en quienes ejercen cargos públicos”, subrayó.
