Arturo Zaldívar rechaza que haya retroactividad y pide frenar la desinformación
Desde Palacio Nacional, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, explicó este 16 de octubre de 2025 los alcances de la reforma a la Ley de Amparo, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión. Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario subrayó que no existe retroactividad en las modificaciones legales y que se ha difundido “una campaña de desinformación” respecto al tema.
“Estamos inmersos en una campaña de desinformación que pretende hacer creer que las reformas a la Ley de Amparo son regresivas. Eso es falso”, afirmó Zaldívar.
Reforma aprobada por el Congreso
La reforma a la Ley de Amparo fue aprobada primero por la Cámara de Diputados, con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, y posteriormente por el Senado de la República, con 81 votos a favor y 31 en contra, en sesión celebrada el 15 de octubre. La iniciativa fue presentada por la presidenta Sheinbaum, quien la calificó como necesaria para modernizar el sistema judicial.
Principales objetivos de la reforma
Zaldívar detalló que los cambios buscan fortalecer el acceso a la justicia y hacer más eficientes los procesos judiciales, destacando los siguientes puntos:
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Evitar la duplicidad de juicios, con el fin de reducir la carga de trabajo en los tribunales.
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Garantizar una mejor protección de los derechos humanos.
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Impulsar la digitalización de los procedimientos judiciales.
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Disminuir la burocracia y acortar los tiempos de resolución de los casos.
Sin retroactividad ni afectación a juicios en curso
El Gobierno Federal enfatizó que no hay retroactividad en materia procesal, por lo que los juicios de amparo en trámite o ya resueltos no se verán afectados.
Asimismo, Sheinbaum precisó que en casos relacionados con lavado de dinero, deudores alimentarios o temas fiscales, no se otorgará suspensión provisional si la Suprema Corte ya ha emitido una resolución, aunque los involucrados podrán continuar con sus procesos siempre que cumplan con el depósito de garantía correspondiente.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca —según explicó Zaldívar— agilizar la justicia y fortalecer la transparencia del sistema judicial, sin menoscabar los derechos constitucionales de los ciudadanos.
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