Detectan irregularidades millonarias, pero sólo en un caso se presume daño a la Hacienda Pública
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades graves en contratos financiados con recursos federales tanto en el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda, como en el de Morelos, dirigido por Margarita González Saravia Calderón. Sin embargo, el órgano fiscalizador actuó con criterios diferentes en ambos casos.
En el caso de Nuevo León, la ASF revisó una muestra de 62 contratos firmados en 2023 y concluyó que existía una “falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto”, además de que no se acreditó la entrega de los bienes o el cumplimiento de los objetivos de los contratos. Por estas anomalías, la auditoría presumió un daño o perjuicio a la Hacienda Pública federal por 192 millones 334 mil pesos.
Por su parte, la revisión a los Servicios de Salud del Estado de Morelos reveló irregularidades de mayor magnitud. Los auditores recopilaron 27 discos compactos, un USB y varios anexos con información que presentaba omisiones en los datos contractuales —como número de contrato, nombre del proveedor, RFC y partida presupuestal—, lo que impidió comprobar la correcta aplicación de mil 151 millones 242 mil pesos.
Pese a ello, la ASF no emitió un pliego de observaciones, ni presumió daño al erario. En su lugar, sólo solicitó una aclaración al gobierno de Morelos para que presentara más información, un procedimiento que la normativa permite, aunque está reservado para casos excepcionales.
En ambos casos, los gobiernos estatales no acreditaron la entrega de bienes o servicios pagados con recursos federales, pero la ASF aplicó medidas distintas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la consistencia y equidad en los criterios de fiscalización del órgano auditor.
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