Advierte que normalizar esa narrativa fomenta la violencia
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy desafortunadas” las declaraciones realizadas por Adriana Marín, responsable de comunicación de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quien afirmó que el crimen organizado figura entre los principales empleadores del país.
Durante su posicionamiento, la mandataria federal sostuvo que dicha afirmación no se sustenta en datos oficiales ni en la realidad, y advirtió que este tipo de mensajes generan desinformación, además de desviar el debate público de los verdaderos desafíos en materia de empleo y seguridad.
Sheinbaum fue contundente al señalar que no puede validarse ni normalizarse un discurso que presenta a la delincuencia organizada como una alternativa laboral, ya que contradice los esfuerzos del Estado para garantizar seguridad, derechos y oportunidades legales a la población.
Normalizar la violencia no es opción
La presidenta alertó que plantear al crimen como fuente de trabajo implica normalizar la violencia y minimizar las consecuencias humanas que provoca, especialmente en comunidades que viven contextos de vulnerabilidad.
Afirmó que ingresar a actividades criminales no representa una opción real, sino una decisión forzada, producto de la exclusión social, la pobreza y la falta de oportunidades, y la describió como un camino de riesgo y muerte, no de desarrollo.
Reiteró que la responsabilidad del gobierno es impedir que jóvenes y familias sean empujados a ese escenario, mediante políticas públicas enfocadas en bienestar social, educación, empleo formal y reconstrucción del tejido comunitario.
Datos oficiales y desapariciones
En ese mismo contexto, Sheinbaum adelantó que el gobierno federal presentará próximamente información oficial sobre personas desaparecidas, con el objetivo de dimensionar el problema a partir de datos verificables y no de narrativas que distorsionen la realidad.
Explicó que la administración federal busca construir diagnósticos sólidos para atender las causas estructurales de la violencia, evitando generalizaciones que puedan legitimar o justificar actividades delictivas.
Finalmente, la presidenta subrayó que el debate público debe conducirse con responsabilidad institucional, evidencia y sensibilidad social, sobre todo cuando se abordan temas relacionados con el empleo, la seguridad y la vida de miles de personas.
INFORMACIÓN DE VANGUARDIA
