Ministros acuerdan devolver o reasignar los vehículos adquiridos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que los ministros que integran el Pleno decidieron no utilizar las camionetas recientemente adquiridas, luego de la controversia pública generada por el costo de las unidades y su contraste con el discurso de austeridad promovido por el propio tribunal.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el máximo órgano judicial del país señaló que los nueve ministros resolvieron desistir del uso de los vehículos y solicitar el inicio del procedimiento administrativo para su devolución. De manera alternativa, las unidades podrían ser asignadas a personas juzgadoras que enfrentan mayores niveles de riesgo, siempre que el proceso se realice conforme a la normativa vigente.
En el mismo comunicado, la Corte reiteró su compromiso con el manejo responsable de los recursos públicos y con el fortalecimiento de una justicia efectiva. Asimismo, anunció que ofrecerá una conferencia de prensa este lunes a las 8:30 horas para ampliar la información sobre la decisión.
El pronunciamiento del Alto Tribunal se da tras la polémica por la compra de camionetas marca Jeep destinadas a los nuevos ministros electos por voto popular en junio de 2025, cuyo costo individual asciende a aproximadamente 1.7 millones de pesos, sin incluir equipamiento adicional como blindaje.
Ante las críticas por una presunta contradicción con la política de austeridad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo el pasado viernes que la adquisición de los vehículos respondió a razones de seguridad y representó un ahorro superior a mil millones de pesos, derivado del cambio de un esquema de arrendamiento a la compra directa de las unidades.
Por su parte, la Suprema Corte había defendido previamente la operación al señalar que se basó en dictámenes técnicos de autoridades federales, los cuales advertían que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares mínimos de seguridad. El tribunal subrayó que la decisión obedeció a criterios de prevención institucional y no a determinaciones discrecionales.
Asimismo, el órgano judicial precisó que la renovación del parque vehicular se realizó conforme a una normativa interna emitida en 2019, que establece la sustitución periódica de este tipo de unidades cada cuatro años, o antes en caso de que las condiciones de seguridad lo ameriten, además de haberse llevado a cabo en paralelo con una reducción general del número de vehículos para evitar un gasto adicional.
Información de EFE
