Afirma que el combate frontal ya demostró generar más violencia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su respaldo a la política de seguridad basada en la no confrontación militar directa, pese al recrudecimiento de la violencia en entidades como Sinaloa, donde en días recientes un grupo armado secuestró a diez mineros y se registró un ataque a balazos contra dos diputados locales.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que su gobierno no apuesta por choques armados, al considerar que esa estrategia ya fue aplicada en el país entre 2006 y 2012, periodo en el que —dijo— se incrementaron los niveles de violencia. En su lugar, subrayó que se busca la detención de integrantes de grupos criminales dentro del marco legal y atender las causas sociales que empujan a los jóvenes hacia la delincuencia.
Sheinbaum reconoció que, aunque en Sinaloa se ha observado una disminución en los homicidios, los hechos recientes obedecen a disputas internas entre organizaciones criminales, en alusión a los conflictos entre facciones del Cártel de Sinaloa, catalogado como grupo terrorista por Estados Unidos el año pasado.
Indicó que el gobierno federal prioriza la protección de la población civil y confirmó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se encuentra en la entidad para evaluar y ajustar la estrategia de seguridad.
Pese al clima de violencia, la presidenta destacó avances como la reducción en la producción de drogas ilegales, resultado del desmantelamiento de numerosos laboratorios clandestinos en la región.
Asimismo, insistió en la necesidad de que Estados Unidos refuerce el control del tráfico ilegal de armas hacia México, al señalar que una gran parte de las armas de alto poder aseguradas en el país provienen del vecino del norte, mientras que México —afirmó— ha reforzado acciones para frenar el paso de fentanilo.
En respuesta a los hechos recientes, el gobierno federal desplegó cerca de dos mil 800 elementos de fuerzas armadas, corporaciones de seguridad y personal ministerial en Sinaloa, tras la desaparición de los mineros y el atentado contra legisladores de Movimiento Ciudadano.
Información: EFE
