No es común que la Suprema Corte voltee a ver hacia el norte sin que haya un litigio incómodo, una controversia constitucional o un expediente de por medio. Por eso, la firma de un convenio con la UAT, merece la pena detenerse, desconfiar un poco y luego analizar con cabeza fría.
La alianza entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), definitivamente es el intento de la corte por recuperar su legitimidad social, claro, desde ese cambio extraño por “decreto presidencial”, se les perdió el respeto, y no podían seguir hablándose a sí misma desde el mármol; necesitaban bajar al territorio, a las aulas, a las regiones donde la justicia se vive —o se padece— todos los días.
Y por supuesto que debían elegir escuelas públicas de prestigio. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, con todo y sus asegunes -como todas- fue aceptada para jugar en las grandes ligas, y la idea universitaria de convertir el servicio social en una relación estructural con el Máximo Tribunal ¡ufff! Es como debutar con un golazo de chilena, así como los de Hugo Sánchez.
La apuesta por formar abogados que no solo sepan citar tesis aisladas, sino que entiendan cómo se construye una sentencia, cómo se procesa una denuncia y, sobre todo, cómo pesa la justicia cuando toca intereses reales.
El rector Dámaso Anaya Alvarado no vendió humo. Habló de visión institucional, y además, los datos respaldan el discurso: casi 200 estudiantes ya pasaron por instancias vinculadas a la Corte y otros 380 están en fila. En un estado como Tamaulipas, donde la ley suele llegar tarde o torcida, ese contacto temprano con la justicia constitucional puede marcar la diferencia entre el burócrata obediente y el jurista con criterio propio.
La presencia del ministro Irving Espinosa Betanzo y el respaldo explícito del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, colocan este convenio en otra dimensión. La SCJN sabe que las universidades públicas son semilleros de legitimidad y la UAT si ya venía trabajando para seguir trascendiendo, esta firma le sienta en la mesa donde se toman las decisiones jurídicas del país.
En la intimidad… Mientras tanto, el poder se sigue acomodando con precisión.
La bancada de Morena y sus aliados en el Congreso local eligieron por mayoría a Andrés Norberto García-Repper Fávila como fiscal Anticorrupción, cerrando una pinza que comenzó en diciembre con la llegada de Jesús Govea Orozco a la Fiscalía General y se consolidó con la renovación del Poder Judicial encabezada por Tania Contreras tras la elección de 2025.
García Repper perdió la elección judicial, sí, incluso con acordeón en mano. Pero entendió algo que muchos no: en política no siempre gana el que llega primero, sino el que sabe esperar. Aceptó su lugar en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se mantuvo dentro del sistema y aguardó su turno. Hoy cobra esa factura.
No es tamaulipeco, pero forma parte de un poderoso grupo político dentro del sistema tamaulipeco, además, demostró disciplina y paciencia, y ahora se gradúa como una pieza confiable para cerrar el círculo del poder en la entidad.
Con Ejecutivo, Legislativo y ahora todo el andamiaje judicial alineado, Tamaulipas entra en una nueva etapa: la del control total. Aquí ya no se trata de equilibrios, sino de administración del poder. El opositor que quiera sobrevivir tendrá que ser, al menos, aceptable para el centro del país y para Palacio estatal.
El propio García Repper lo dejó claro, sin decirlo del todo:
“La Fiscalía Anticorrupción es un órgano técnico que investiga denuncias cuando las recibe; no es una instancia para persecuciones o cacerías de brujas”, podríamos creerle todo, la mitad o nada, pero, conociendo su retórica, fue bastante mesurado, y esa, es una buena señala para todos.
En concreto: habrá investigaciones, sí, pero con orden, con límites y con nombre y apellido bien medidos. En Tamaulipas, todo parece indicar que la justicia no será estridente. Será selectiva. Y eso, para bien o para mal, también es una definición de poder.
Las abstenciones lo dicen todo.
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