La iniciativa plantea ajustes en revocación de mandato, gasto público y estructura municipal
El llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum fue turnado este martes 17 de marzo de 2026 al Senado de la República, donde comenzará su análisis en medio de tiempos legislativos ajustados.
Entre los principales puntos de la iniciativa destaca la modificación al artículo 35 constitucional, que propone que la revocación de mandato pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, con la intención de hacerla coincidir con las elecciones intermedias de 2027. El senador Ricardo Monreal explicó que, en una decisión de última hora, se eliminó la posibilidad de incluir consultas populares en materia electoral.
Otro de los ejes relevantes es la reforma al artículo 115, que establece límites al número de regidores en los ayuntamientos según su población. Los municipios más pequeños tendrían un máximo de siete regidores, mientras que las grandes ciudades no podrían superar los 15, además de contemplarse un solo síndico por municipio.
En cuanto al artículo 116, se plantea un tope al gasto de los congresos locales, que no podrán exceder el 0.7 por ciento del presupuesto estatal anual, medida que busca reducir disparidades en el costo legislativo entre entidades.
Asimismo, la propuesta incluye cambios al artículo 134 en materia de austeridad, donde se establece que ningún funcionario electoral —ya sea del Instituto Nacional Electoral o de tribunales— podrá percibir un salario mayor al de la titular del Ejecutivo federal. También se contemplan restricciones a prestaciones como bonos, seguros médicos privados y fondos especiales de ahorro.
El análisis de la reforma se da en un contexto de presión legislativa, ya que la Constitución impide realizar cambios en materia electoral dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral, previsto para septiembre. Por ello, el Congreso deberá aprobar y publicar tanto esta iniciativa como sus leyes secundarias antes de mayo.
Además, se prevé que el paquete legislativo se complemente con una reforma al Poder Judicial que se discutirá por separado, con el objetivo de consolidar el marco legal rumbo a las elecciones de 2027.
Información de López-Dóriga Digital
