En México la extorsión no es un delito aislado sino una industria criminal con tentáculos en cada rincón, y la frontera tamaulipeca no es la excepción, allí se enfrenta un escenario que ni las fuerzas de seguridad ni el discurso político pueden maquillar. El “cobro de piso” se ha institucionalizado en las calles de Reynosa y su periferia, estrangulando comercios, sometiendo familias y, de paso, alimentando las arcas de organizaciones que desafían al Estado. Eso sí, los Ortiz, shhhh, calladitos!
Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, hizo lo que todos los tamaulipecos quieren que hagan los políticos en cargos de elección popular: atreverse, exhibir, con nombre y apellido, en esta ocasión a jueces cuya actuación ha puesto de nuevo en libertad a presuntos extorsionadores detenidos en flagrancia. Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados, ambos adscritos a Reynosa, reclamó el legislador revocaron la prisión preventiva oficiosa en dos casos de extorsión agravada, sustituyéndola por medidas mínimas que difícilmente neutralizan el riesgo real que representan los imputados.
Los números son contundentes. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documenta que, solo de enero a junio de 2025, México acumuló más de 5,800 carpetas de investigación por extorsión, con Tamaulipas en la lista roja. Este delito —según la ONU y la UNODC— es una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado y una amenaza directa a la gobernabilidad. La Coparmex estima pérdidas anuales superiores a 30 mil millones de pesos por este flagelo, que obliga a miles de negocios a cerrar o a operar bajo amenaza.
La gravedad de estas resoluciones judiciales en Reynosa, ni más ni menos en Reynosa donde además no hay autoridad municipal, no es solo una falta técnica, es sistémica. Mientras las corporaciones policiales arriesgan la vida en cada operativo, el sistema judicial, en algunos casos, funciona como válvula de escape para los mismos delincuentes que deberían estar enfrentando procesos con todas las garantías, sí, pero también con la proporcionalidad que la ley exige frente a delitos de alto impacto.
Prieto Herrera no se quedó en el discurso. Su exhorto formal al Consejo de la Judicatura pide una investigación a fondo y sanciones ejemplares si se confirma que las resoluciones carecieron de la debida ponderación del riesgo. La prisión preventiva oficiosa en casos de extorsión no es un antojo legislativo: es una medida constitucional pensada para proteger a las víctimas y evitar la reincidencia inmediata. En Tamaulipas, ignorar esa lógica es agregar al desastre.
Este episodio va más allá de dos nombres propios. Refleja un problema estructural que erosiona la confianza en la justicia y que frena cualquier intento de reconstrucción económica en zonas asfixiadas por el crimen. El exhorto de Prieto Herrera es una señal clara de que, al menos desde el Legislativo, hay voluntad para llamar a cuentas al Poder Judicial. Falta ver si del otro lado hay el valor para responder con la misma firmeza.
Porque en el combate a la extorsión, la tibieza judicial no solo se siente como complicidad: en muchos casos, lo es.
En la intimidad… Con un incremento del 51.88% en la afluencia turística respecto al año pasado, Tampico atraviesa una de sus mejores temporadas de verano. La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya informó que hasta la fecha se han recibido 451,114 visitantes, y que el periodo vacacional aún no concluye, por lo que la cifra seguirá creciendo.
Los turistas provienen principalmente de Nuevo León, Querétaro, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y la región de la Huasteca, además de un flujo constante de visitantes internacionales desde Estados Unidos, particularmente del Valle de Texas. Esta diversidad de origen refleja el alcance de la estrategia de promoción turística emprendida por el municipio.
Villarreal Anaya destacó que atractivos como el Paseo de los Cocodrilos en la Laguna del Carpintero, los recorridos en pontones, la oferta museística y la Ruta Gastronómica de las Cantinas de Tradición han sido fundamentales para ofrecer experiencias únicas en un ambiente seguro y familiar. Estos esfuerzos han fortalecido la imagen de Tampico como un destino versátil y competitivo.
El impacto económico también es notable. La derrama estimada asciende a 415 millones 24 mil 880 pesos, muy por encima de los 273 millones 260 mil 240 pesos de 2024. La alcaldesa subrayó que este logro es fruto del trabajo conjunto entre gobierno, sector privado y ciudadanía, consolidando al turismo como motor clave para el desarrollo económico y social de la región.
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