En medio de la vorágine diaria que representa mantener un país a flote entre tantos frentes abiertos, la Secretaría de Marin- Armada de México (SEMAR), y en coordinación con la Fiscalía General de la República, logró un nuevo golpe al crimen organizado.
En esta ocasión fue un operativo directo al corazón del noroeste nacional, en el poblado de Abuya, Culiacán, Sinaloa, fue localizado y desarticulado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas que operaba en un espacio de 80 por 30 metros, dedicado —presuntamente— a la producción masiva de metanfetaminas.
El hallazgo no solo incluyó toneladas de sustancias en diversas fases de producción, sino también más de mil litros de precursores químicos líquidos y más de dos toneladas de insumos sólidos. En cifras, el daño económico a las estructuras criminales se traduce en más de 81 millones de pesos, aunque la verdadera cifra de impacto, más allá del dinero, es la cantidad de dosis que no llegarán a las calles.
La quema y destrucción inmediata de los químicos, materiales y estructuras utilizadas para la fabricación de droga es una señal firme de que las instituciones no están cruzadas de brazos. Se trata de un esfuerzo que, si bien no detiene la maquinaria del narco, sí interrumpe sus ciclos operativos, debilita su capacidad logística y frena temporalmente su expansión. Y eso, en este ajedrez violento que vivimos, también es ganancia.
El crimen organizado no duerme, muta, se adapta y responde. Por ello, acciones como esta deben ser replicadas y fortalecidas en todo el territorio nacional, porque cada laboratorio desmantelado es una trinchera menos para quienes han convertido la salud pública en moneda de cambio.
En la intimidad… Mientras tanto, acá, donde tampoco se cantan tan mal las rancheras, pero, donde de repente se respira alivio; en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya, ordenó que a partir del 1 de agosto y hasta el 30 de septiembre, todos los propietarios de motocicletas con adeudos fiscales tendrán la oportunidad de regularizar su situación sin pagar un solo peso en recargos, multas o actualizaciones.
El secretario de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui, dejó claro que el objetivo es doble: mejorar el control vehicular y robustecer la seguridad pública. Con ello, se pretende cerrar una de las brechas más vulnerables que, por años, ha sido usada para fines delictivos: las motocicletas sin regularizar. Ahora, cualquier ciudadano que cuente con su licencia de conducir vigente podrá pagar una tarifa especial de 870 pesos y salir del limbo legal.
Este tipo de decisiones evidencian una política pública sensible y con enfoque social. No se trata solo de números, sino de facilitar el cumplimiento ciudadano sin asfixiar los bolsillos, abriendo una ventana de oportunidad para poner en orden lo que, muchas veces, quedó al margen por falta de recursos.
Regular no solo implica fiscalizar. En Tamaulipas, la regularización también se traduce en paz vial, movilidad responsable y una estrategia clara para garantizar seguridad a largo plazo. No hay pretexto. La puerta está abierta y la ruta, trazada.
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