Tamaulipas está frente a una coyuntura que no se repetirá pronto, y si no se ponen las pilas, la grilla hundira al estado. La firma del convenio entre el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Economía Marcelo Luis Ebrard Casaubón para avanzar en el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Altamira, es una señal política y económica en medio de la reconfiguración industrial que vive América del Norte.
El proyecto, inscrito en el Plan México impulsado por Claudia Sheinbaum Pardo, coloca a Altamira presidido por Armando Martínez Manríquez en el tablero estratégico del nearshoring. Infraestructura portuaria, conectividad ferroviaria, capacidad energética y acceso directo al Golfo de México no son ventajas menores. Son activos que, bien gestionados, pueden convertir al sur del estado en un nodo industrial de alto valor agregado.
Pero el convenio no se limita a Altamira -Tampico-. En la mesa también se acordó impulsar el Puerto Interior de Ciudad Victoria y el Puerto Norte de Matamoros. Tres puntos que, si se articulan con visión técnica y disciplina financiera, podrían redefinir la vocación logística del estado.
El discurso oficial habla de “prosperidad compartida” y de empleos mejor remunerados. El reto es que esa narrativa no quede en promesa. Tamaulipas tiene antecedentes de proyectos anunciados con entusiasmo y ejecutados con lentitud. La diferencia, hoy, es el contexto internacional: las cadenas globales buscan relocalización y México compite por esa inversión.
Si el estado logra ofrecer certeza jurídica, seguridad logística y tiempos administrativos eficientes, la inversión llegará. Si no, los capitales migrarán a otras entidades o países.
El convenio también revela algo más profundo: una alineación política entre el gobierno estatal y la federación. Esa sincronía es indispensable cuando se trata de infraestructura mayor. Sin respaldo federal, ningún polo industrial despega.
La pregunta de fondo no es si Tamaulipas puede convertirse en plataforma logística. La pregunta es si podrá hacerlo con planeación territorial, desarrollo urbano ordenado y sin reproducir los desequilibrios sociales que históricamente acompañan a los corredores industriales.
Porque desarrollo no es solo concreto y acero. Es empleo formal, movilidad social y seguridad pública.
En la intimidad… Mientras en la capital del país se firman convenios industriales, en Tampico la discusión aterriza en el terreno concreto de la infraestructura urbana.
La rehabilitación de la techumbre del mercado “Ávila Camacho” y la impermeabilización del “Francisco I. Madero” se perfilan como prioridades de la alcaldesa Mónica Zacil Villarreal Anaya para el arranque de 2026.
El Cabildo aprobó por unanimidad cerca de 160 millones de pesos para la primera etapa del Programa de Obra Pública 2026. La autorización se dio en la sesión ordinaria número 51, donde el secretario de Obras Públicas, Rogelio Ontiveros Arredondo, presentó un paquete que incluye pavimentaciones, rehabilitación de calles y mejoras en infraestructura básica.
Los trabajos deberán iniciar antes de concluir el primer trimestre del año. El objetivo, según la exposición oficial, es atender rezagos históricos en vialidades urbanas y fortalecer la conectividad en colonias de alta densidad poblacional.
La alcaldesa fue clara: “El respaldo del Cabildo y la confianza ciudadana son fundamentales para consolidar este tipo de paquetes de obra que mejoran las condiciones urbanas”.
En un contexto de presiones presupuestales y aumento en costos de materiales, el reto municipal no es menor. Los recursos provienen en buena medida de la recaudación local, aunque el respaldo estatal y federal —según sostuvo la edil— permite ampliar el alcance.
Altamira piensa en corredores industriales. Tampico mira sus mercados centenarios y sus calles. Dos escalas distintas de un mismo desafío: que el desarrollo no sea discurso, sino resultado tangible.
Y ahí es donde realmente se medirá la eficacia política.
@dect1608
