Fueron encontrados responsables en un juicio civil por corrupción y lavado de dinero
El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron sentenciados sin juicio en una corte civil de Estados Unidos a pagar más de 2 mil 400 millones de dólares, tras ser hallados responsables de participar en un esquema de corrupción y lavado de dinero que involucró contratos ilegales con el gobierno mexicano. La decisión fue emitida por la jueza Lisa Walsh en una corte del condado de Miami-Dade, Florida.
De acuerdo con la periodista Peniley Ramírez, quien informó los detalles del caso en entrevista con Azucena Uresti, García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa fue condenada a pagar mil 740 millones. Ambos montos corresponden al dinero que, según la investigación, fue robado del erario público a través de una red de empresas familiares que firmaron contratos ilegales con instituciones de seguridad en México.
“Buena parte de ese dinero terminó lavándose en Miami mediante paraísos fiscales y la adquisición de propiedades”, señaló Ramírez. El Gobierno de México fue el demandante en este proceso civil, presentado el 21 de septiembre de 2021, con el objetivo de recuperar los activos adquiridos con recursos públicos desviados.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda documentó que, bajo la protección de García Luna, un grupo empresarial ligado a su familia obtuvo al menos 30 contratos por 745.9 millones de dólares. Los fondos fueron triangulados a Estados Unidos utilizando mecanismos de ocultamiento financiero y utilizados para adquirir bienes muebles e inmuebles en Florida.
Este proceso civil es independiente del juicio penal que enfrentó García Luna en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde fue hallado culpable en octubre del año pasado de cargos vinculados al narcotráfico, incluyendo conspiración para traficar cocaína y brindar apoyo al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. Por estos delitos, el exfuncionario fue sentenciado a más de 38 años de prisión y actualmente se encuentra recluido en la prisión federal USP Lee, en Virginia, con una fecha estimada de liberación en 2052.
El caso representa uno de los mayores esfuerzos del gobierno mexicano para recuperar recursos públicos saqueados durante sexenios anteriores, y marca un precedente en la lucha contra la corrupción transnacional. Además de García Luna y su esposa, otras personas involucradas en el esquema de corrupción fueron incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas por la UIF en diciembre de 2019.
