José Gregorio Aguilar / TN
Cudad Victoria, Tamaulipas.- En lo que va de 2025, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) ha atendido más de 4,600 asuntos, de los cuales 580 corresponden a quejas formales por presuntas violaciones a derechos humanos, reveló el secretario técnico del organismo Orlando Javier Rosado Barrera.
Aunque el año aún no concluye, la cifra proyecta que se superará el promedio anual de entre 5,000 y 6,000 casos, lo que confirma una presencia constante de conflictos institucionales en el estado. Los sectores más señalados son procuración de justicia, educación y seguridad pública, con énfasis en irregularidades cometidas por ministerios públicos, unidades de investigación y elementos de la Guardia Estatal.
“Lo fuerte sigue siendo procuración de justicia. Las quejas tienen que ver con carpetas de investigación, dilación en los procesos, irregularidades en detenciones y falta de claridad en la integración de asuntos penales”, explicó el funcionario.
En el ámbito educativo, las inconformidades giran en torno a cuotas escolares, tratos inadecuados, cartas de buena conducta y conflictos en inscripciones, en un contexto que el secretario técnico describió como “micromundos en constante tensión”, donde interactúan directores, maestros, padres de familia y estudiantes.
Aunque las quejas contra la Guardia Estatal no son las más numerosas, sí figuran como uno de los rubros principales en el monitoreo de la Comisión. En contraste, el sector salud, a pesar de sus deficiencias, no genera tantas denuncias como cabría esperar, lo que llevó al funcionario a cuestionar si la ciudadanía está ejerciendo plenamente su derecho a exigir atención digna.
“En salud hay un problema serio, falta de medicamentos, deficiencias en el IMSS, y sin embargo no vemos que la gente se queje. Eso nos obliga como sociedad a preguntarnos por qué no se exige más”, señaló.
La CODHET también reporta un número significativo de asuntos que se reciben pero no se pueden atender directamente por cuestiones de competencia, lo que refleja la necesidad de fortalecer la articulación entre instituciones y garantizar que las quejas no se pierdan en el camino.
La Comisión reiteró su compromiso de acompañar a las personas afectadas, documentar los casos y emitir recomendaciones cuando sea necesario, pero también llamó a las autoridades a responder con transparencia y a la sociedad a ejercer su derecho a la justicia y la dignidad.
