TN/ Tampico, Tamaulipas.
Organizaciones feministas del sur de Tamaulipas advirtieron sobre el preocupante panorama con el que el estado concluyó el año 2025 en materia de violencia de género, al registrarse un repunte tanto en feminicidios como en asesinatos de mujeres, lo que -aseguran- evidencia fallas estructurales en la prevención del delito y en la impartición de justicia.
Integrantes de estos colectivos señalaron que, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad pasó de reportar en años recientes entre 16 y 17 feminicidios anuales, a contabilizar más de 23 casos durante el 2025. A esta cifra se suman cerca de 200 mujeres privadas de la vida, muchas de ellas tipificadas como homicidios dolosos, lo que consideran una subclasificación que minimiza la violencia feminicida.
Martha de la Cruz López, representante del colectivo Mujer Manglar, explicó que la incorrecta tipificación de los delitos suele derivarse de investigaciones deficientes y de la omisión del protocolo con perspectiva de género, lo que impide dimensionar la magnitud real del problema.
Asimismo, denunció la falta de un trato humano y sensible por parte de las fiscalías y del Poder Judicial hacia las familias de las víctimas, quienes enfrentan procesos largos y emocionalmente devastadores, marcados por la constante revictimización.
“Para las madres y familiares, cada audiencia es volver a vivir el peor momento de sus vidas. Las suspensiones y retrasos sólo prolongan el dolor y el desgaste emocional”, expresó.
Si bien reconoció que recientemente se han observado avances en la agilización de los procedimientos judiciales -reduciendo los intervalos entre audiencias de varios meses a poco más de dos semanas-, atribuyó esta mejora a la presión social generada por casos de alto impacto mediático, aunque recalcó que dichos avances siguen siendo insuficientes.
Las organizaciones feministas coincidieron en que, cuando existen elementos contundentes de responsabilidad, las autoridades deben evitar tácticas dilatorias y acelerar los procesos legales, con el fin de garantizar justicia pronta y efectiva.
Finalmente, los colectivos hicieron un llamado a los gobiernos estatal y federal para reforzar las políticas públicas de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, y exigieron que los compromisos institucionales se traduzcan en acciones concretas.
“Las cifras son claras: algo no está funcionando. Las mujeres y sus familias merecen justicia, respeto y un verdadero compromiso del Estado para erradicar la violencia de género”, concluyeron.
Información: Erik Huerta
