*Aunque son voluntarias por norma, miles de familias enfrentan cobros obligatorios, amenazas veladas y una ausencia total de representación legal.
Cada año, la misma historia.
Las escuelas públicas repiten el guion: cobros obligatorios disfrazados de “acuerdos entre padres de familia”. La autoridad educativa responde con evasivas: “no son obligatorias”, “no deben condicionar”, “que pongan la queja”. Pero tras esa retórica, no hay acción. No hay sanciones. No hay seguimiento.
Los padres, solos, sin acompañamiento, terminan pagando la famosa cuota escolar. Algunos se atreven a acudir a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) , pero ahí también se busca conciliar, no corregir.
Así se perpetúa el abuso: sin intervención, sin castigo, sin voluntad institucional. La educación pública se convierte en una carga silenciosa que las familias deben asumir, mientras la autoridad mira hacia otro lado
Radiografía del problema
Cada ciclo escolar, autoridades como la Secretaría de Educación Pública (SET) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) insisten en que las cuotas escolares son voluntarias. Ningún alumno debe ser condicionado por no pagar, ni obligado a comprar útiles o uniformes con proveedores específicos. Sin embargo, en la práctica, muchas escuelas públicas siguen cobrando bajo presión, con amenazas veladas como la retención de documentos o la negación de acceso a clases. Lo más grave: no hay sanciones visibles ni consecuencias reales para los planteles que incurren en estas prácticas.
Las cifras que contradicen el discurso oficial
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de mil quejas en el último año por presuntas violaciones en el sector educativo. Entre ellas destacan cobros indebidos, negación de inscripción, discriminación a estudiantes con discapacidad y omisión de recesos escolares.
En Tamaulipas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHET) reportó seis quejas en los últimos dos años, todas resueltas de forma conciliatoria. No se han emitido recomendaciones formales, lo que evidencia una falta de seguimiento institucional.
¿Quién cobra y quién permite?
Las denuncias se concentran en tres niveles:
– Secretarías de Educación Estatales, por negligencia administrativa y falta de atención a denuncias.
– Direcciones escolares, que condicionan inscripciones o entregas de documentos.
– Consejos Escolares de Participación Social, que en algunos casos avalan cuotas sin consultar a toda la comunidad educativa.
La SEP, como autoridad normativa, también ha sido señalada por permitir prácticas discrecionales en escuelas públicas.
Representación legal ausente
La Ley de Educación de Tamaulipas y su reglamento reconocen a las asociaciones de padres de familia como instancias de participación y defensa. Sin embargo, no hay evidencia pública de una Asociación Estatal activa ni registros actualizados de asociaciones municipales o escolares. Alejandro Águila Argüelles, representante de la ANPAF, lo resume así: “La ausencia de representación ha normalizado los atropellos en muchas escuelas, donde los padres enfrentan solos problemas que requieren soluciones institucionales.”
El negocio detrás de la educación pública
Según cálculos de Águila, si a cada uno de los cerca de un millón de alumnos en Tamaulipas se le cobra en promedio 500 pesos, la recaudación anual podría superar los 500 millones de pesos. En Puebla, por ejemplo, se estima una recaudación de 1,950 millones de pesos por concepto de cuotas escolares. “Pero no pasa nada, solo el escándalo mediático”, lamenta el activista.
Niegan que cuotas deban ser para mantenimiento escolar.
Águila Arguelles aprovechó para aclarar que Las cuotas y/o aportaciones voluntarias que dan los padres de familia organizados en las escuelas públicas, es una atribución exclusiva de las asociaciones de padres de familia y son para el objeto propio de dichas asociaciones
No para mantenimiento de la infraestructura escolar y mucho menos condicionante para que se les niegue u otorgue la inscripción, esto según lo establecido en el reglamento de Asociaciones de Padres de Familia vigente. que es una ley reglamentaria federal y que ningún acuerdo secretarial o de las propias mesas directivas puede ni debe estar por encima.
Escuelas privadas: contratos civiles y falta de supervisión
Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP), explicó que las colegiaturas no constituyen un servicio mercantil, sino un acuerdo civil entre padres y escuelas. Aunque deben cumplir con los planes oficiales, pueden ofrecer servicios adicionales que implican costos extra. Tras la pandemia, muchas instituciones enfrentaron deserción y morosidad, lo que ha derivado en ajustes variables en las colegiaturas. Sin embargo, Villar no mencionó mecanismos específicos de supervisión o rendición de cuentas.
Pero añade que, en el caso de incumplimiento del acuerdo firmado, los padres de familia pueden recurrir a los tribunales.
Sin denuncia, no hay justicia
Sarahí Salvatierra, representante de la asociación Fundar, subraya que sin participación ciudadana no hay seguimiento ni presión institucional. “Las instituciones dicen que no reciben denuncias, pero es porque no se usan los canales adecuados. Y sin precedentes formales, no hay justicia”, advierte. Salvatierra propone la creación de comités ciudadanos para monitorear el uso de recursos y exigir transparencia.
Radiografía educativa de Tamaulipas
Durante el ciclo escolar 2023–2024, el sistema educativo estatal atendió a más de 924 mil estudiantes en 6,344 escuelas. El 75% son públicas, pero más del 24 por ciento de la matrícula total se concentra en instituciones privadas. En educación básica, 1 de cada 8 estudiantes asiste a una escuela privada. En niveles medio superior y superior, la proporción supera el 30 por ciento, lo que revela una creciente dependencia de modelos educativos con cuotas escolares
Voces que ilustran el problema
Aunque las cifras y leyes son claras, la realidad se vive en carne propia. Estos testimonios simulados reflejan lo que enfrentan miles de familias en Tamaulipas:
Madre trabajadora
Tiene dos hijos en primaria y trabaja en el comercio informal.
“Yo quiero que mis hijos estudien, pero no puedo elegir entre pagar la luz o la cuota.”
La escuela exige una cuota “voluntaria” de $500 por niño, condicionando la entrega de libros.
Padre soltero
Trabaja en una maquila y cuida a su hijo de 7 años.
“Ni siquiera me preguntaron si podía pagar. Solo me dieron el recibo.”
No fue convocado a la reunión de padres, pero le exigen el pago como si hubiera aceptado.
Abuela cuidadora
Pensionada, cuida a sus dos nietos desde que su hija migró.
“Yo ya no tengo fuerza para pelear, pero esto no es justo.”
La escuela le exige cuota y además “cooperación” para mantenimiento.
¿Dónde denunciar?
Ante la falta de representación legal activa en Tamaulipas, la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF) exhorta a los afectados por cobros indebidos o prácticas abusivas a dirigir sus quejas directamente a la organización. Las denuncias pueden enviarse al correo electrónico oficial de la ANPAF o al contacto directo de su representante, Alejandro Águila Argüelles.
“La única forma de frenar estos abusos es documentarlos y exigir respuestas. Si no hay representación estatal, construyamos la denuncia desde la ciudadanía.” — ANPAF
