José Gregorio Aguilar / TN
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas no está dispuesto a dejar impune el saqueo que sufrió el estado; con una estrategia clara y contundente, la administración estatal ha decidido recurrir a un equipo de abogados externos para recuperar lo robado al erario público y llevar a juicio a quienes abusaron del poder.
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Isidro Vargas Fernández, ha sido tajante: “No hay problema en que el gobierno contrate abogados externos si el objetivo es devolverle al pueblo lo que le pertenece.”
Y es que, según el legislador, la lucha contra la corrupción no se trata solo de señalar culpables, sino de llevarlos ante la justicia y exigir la reparación del daño.
El Bufete Olea y Asociados ha tomado la responsabilidad de llevar distintos litigios en contra de ex funcionarios, quienes, de acuerdo con los señalamientos, desviaron millones de pesos del presupuesto estatal.
A pesar de los intentos de sus defensores de desviar la conversación y victimizarse, la realidad es clara: el daño al pueblo tamaulipeco es incuestionable, y la justicia debe prevalecer.
Desde el Congreso, la bancada guinda ha reafirmado su compromiso con la transparencia y la lucha contra la impunidad. Revisar cada partida presupuestal será clave en este proceso, pues el verdadero objetivo es garantizar que la corrupción no vuelva a enterrar los recursos que deben servir para el desarrollo del estado.
Esta batalla legal no es una pelea política, como algunos quieren hacer creer. Es una lucha frontal contra quienes traicionaron la confianza de los ciudadanos y usaron el poder para enriquecerse. La justicia debe llegar, y Tamaulipas exige respuestas, concluyó el legislador tamaulipeco.
