TN / Ciudad Victoria, Tamaulipas.
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), encabezada por su presidente Israel Sánchez Martínez, exigió condiciones de seguridad en los planteles educativos de todo el país, tras el ataque ocurrido en la preparatoria privada Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde dos maestras fueron asesinadas por un estudiante armado.
El hecho, registrado el martes 24 de marzo, conmocionó a la comunidad educativa. Las docentes María del Rosario Sagrero Chávez (36 años) y Tatiana Madrigal Bedolla (37 años) murieron tras ser atacadas por un joven de 15 años que ingresó con un rifle AR-15 y disparó frente a sus compañeros. Horas antes, el menor había publicado en redes sociales un video con mensajes de odio anticipando el ataque.
La UNPF calificó el caso como una muestra dolorosa de la falta de condiciones de seguridad en las escuelas y de la impunidad que permite que armas de alto poder lleguen a manos de menores. “No podemos permitir que el miedo se instale en las aulas. Nuestros niños y nuestros docentes merecen entornos seguros, libres de violencia”, señaló Sánchez Martínez.
El organismo pidió a las secretarías de educación y seguridad en cada uno de los estados implementar de inmediato un protocolo integral de seguridad escolar, con revisión de accesos, detección temprana de riesgos y coordinación con fuerzas de seguridad. Particularmente, tras los hechos en Michoacán, solicitó a la Fiscalía estatal investigar el origen del arma y las posibles responsabilidades de adultos que facilitaron su acceso al menor.
Asimismo, llamó a reforzar programas de prevención de violencia, salud mental y capacitación docente en seguridad escolar, además de instalar centros de escucha para atender las necesidades de jóvenes y maestros. A las autoridades federales les pidió frenar el tráfico de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas hacia civiles.
Finalmente, la UNPF exhortó a los padres de familia a mantener comunicación estrecha con sus hijos y vigilar el uso de redes sociales, para evitar que sean víctimas de contenidos de odio o grupos que los inciten a la violencia. “La vida de nuestros hijos y de quienes los forman no puede seguir siendo vulnerada”, concluyó el organismo
Información: José Gregorio Aguilar
