Francisco Medina Guerrero/TN
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Las indagatorias que se siguen en contra del ex titular de la Fiscalía Especializada en Combate la Corrupción Raúl Ramírez Castañeda continúan su curso, y las denuncias en las cuales se le involucra forma parte de un paquete de averiguaciones las cuales una vez puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional se girarían órdenes de aprehensión en contra de varios ex servidores públicos.
“También entre estos asuntos se están impulsando, recordar que estos no se encuentran en este momento integrándose en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se encuentran instruyéndose aquí en la Fiscalía General de Justicia, pero también se van a impulsar por supuesto”, refirió.
El titular de la Fiscalía Especializada en Combate la Corrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco puntualizó que en el caso específico de Ramírez Castañeda, la averiguación que se le sigue se lleva ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.
El resto de los casos seguidos en contra de ex funcionarios, dijo Govea Orozco, forma parte del avance que se tiene en el combate al rezago que se tenía en la Fiscalía Anticorrupción.
“Estamos avanzando, se están teniendo ya algunos resultados apenas a pocas semanas, y se están obteniendo ya más judicializaciones, más audiencias”, destacó.
Al dar mayores detalles, el Fiscal Anticorrupción añadió; “estamos próximamente por dar a conocer un paquete de órdenes de aprehensión, desde luego no la información sino la cantidad, hemos ya acumulado algunas órdenes, no quiero anticipar nada pero se está trabajando”.
Al ser cuestionado sobre el número de órdenes de aprehensión que estarían giradas, Govea Orozco recalcó que no anticiparía más información, “sólo les aviso que estamos trabajando en eso”.
“Tienen que ver la mayoría de los casos con los asuntos que se encontraban inactivos y que han ido avanzando”, agregó.
Como se recordará, Ramírez Castañeda tomó protesta el ocho de septiembre del 2021 como Fiscal Anticorrupción y había sido designado para un periodo de 8 años, sin embargo, a través de un escrito presentado en la Oficialía de Partes el día 30 de septiembre, notificó a la 65 Legislatura del Congreso del Estado su renuncia con efectos a partir del día 30 de octubre.
