El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, denunció este jueves que jueces han favorecido a más de 100 presuntos delincuentes mediante el cambio de medidas cautelares, lo que ha derivado en su liberación. En conferencia matutina desde Palacio Nacional, el funcionario expuso que se han registrado 193 determinaciones judiciales, de las cuales 164 han resultado en egresos carcelarios y dos en liberaciones definitivas, pese a que muchos de los acusados enfrentan cargos graves como homicidio, secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
García Harfuch calificó de “alarmante” el número de resoluciones emitidas entre 2024 y lo que va de 2025, las cuales, dijo, benefician a agresores y no a las víctimas. Además, alertó que 27 traslados de reos se hicieron sin respetar las formalidades del proceso, a pesar de que la dependencia federal de Prevención y Reinserción Social consideró que dichos cambios no eran viables por la peligrosidad de los internos.
Uno de los casos más emblemáticos es el del líder de los Zetas, Miguel Ángel ‘N’, cuya extradición a Estados Unidos fue bloqueada en 79 ocasiones por siete jueces, pese a estar acusado de asociación delictuosa, narcotráfico y lavado de dinero. El secretario también señaló al juez Gregorio Salazar Hernández, por supuestamente otorgar beneficios a Gerardo Pince Alanís, presunto operador del Cártel del Pacífico, y al ‘Contador’, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.
Estas revelaciones se dan en el marco de la primera elección popular del Poder Judicial en México, donde 99.7 millones de ciudadanos están convocados a votar por 881 cargos judiciales entre 3,422 candidatos, incluyendo posiciones en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Las campañas iniciaron el pasado 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo.
El proceso electoral ha generado preocupación entre organismos internacionales como la ONU, así como entre jueces en funciones, asociaciones civiles y partidos de oposición, quienes advierten de una posible intromisión del Poder Ejecutivo y del crimen organizado en la estructura del Poder Judicial. La denuncia de García Harfuch añade presión a un debate ya tenso sobre la independencia judicial y la justicia penal en México.
