*Clímaco Aldape Utrera y sus allegados son investigados por lavado de dinero y corrupción en aduanas
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló al capitán de navío Clímaco Aldape Utrera, a su esposa Gabriela Avendaño Meléndez y a su hija Montserrat Aldape Fernández como presuntos integrantes de una red de tráfico de hidrocarburos y drogas, en la que estarían implicados al menos una decena de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).
Este señalamiento se suma al proceso penal que enfrenta Aldape Utrera por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, el cual se encuentra temporalmente suspendido mientras se resuelve un amparo promovido por su defensa.
Vínculos con red de corrupción aduanera
De acuerdo con la causa penal 325/2025, el capitán fungía como enlace entre mandos navales y funcionarios aduaneros, facilitando el ingreso de combustible ilegal, la manipulación de rutas marítimas y el cobro de sobornos por permitir el paso de hidrocarburos.
La investigación también lo relaciona con el capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, considerado pieza clave dentro de la estructura criminal, así como con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Movimientos financieros irregulares
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre 2020 y 2024 el marino registró ingresos por casi 8 millones de pesos, pero sus gastos superaron con creces sus percepciones. En ese periodo, adquirió una propiedad de más de 2 millones de pesos y una camioneta Suburban 2023 valuada en 1.8 millones, pagada parcialmente en efectivo.
Asimismo, en 2023 fue reportado por Banjército por operaciones inusuales, luego de recibir depósitos por 450 mil y 400 mil pesos de personas y empresas sin relación financiera aparente. La UIF detectó que una de esas firmas, Daemon S.A. de C.V., carece de domicilio fiscal y actividad económica verificable, por lo que se presume que funciona como empresa fachada.
Patrimonio familiar bajo la lupa
La FGR también investiga la adquisición de un inmueble por parte de la esposa del capitán, valuado en más de 5 millones de pesos, así como depósitos por 400 mil pesos hechos por su hija, presuntamente para la compra de un vehículo.
En conjunto, las autoridades concluyeron que el nivel de vida del oficial y su familia no corresponde con sus ingresos como servidores públicos, lo que refuerza las sospechas de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con estos elementos, la FGR busca demostrar la existencia de una red integrada por militares y civiles que aprovechaban su posición en las aduanas marítimas para obtener ganancias millonarias mediante el contrabando de combustible y lavado de dinero.
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