Acusan a la dependencia federal de negar una consulta pública en una zona ambientalmente vulnerable
Habitantes de los municipios de El Salto y Juanacatlán, en Jalisco, iniciaron acciones legales contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la que señalan por haberles negado de manera injustificada el derecho a una consulta pública relacionada con la instalación de una nueva termoeléctrica privada en la región, área que ha sufrido durante años severos impactos por la contaminación industrial.
La controversia gira en torno al proyecto de la central termoeléctrica de ciclo combinado denominada El Salto 1, promovida por la empresa Ad Astra Energía, SAPI de CV, perteneciente al Grupo Vaz y vinculada con corporaciones internacionales de los sectores energético y de telecomunicaciones. La planta se proyecta sobre la carretera a La Capilla, en la colonia El Conique, dentro de un predio de más de 107 mil metros cuadrados, a pocos kilómetros de las cabeceras municipales de El Salto y Juanacatlán.
Integrantes del colectivo ambiental Un Salto de Vida informaron que el pasado 23 de mayo de 2025 solicitaron formalmente a la Semarnat la realización de una consulta pública sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, registrada bajo la clave 14JA2025E0043, con el objetivo de conocer y opinar sobre los posibles efectos de la obra.
No obstante, la petición fue desechada el 18 de junio por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), decisión que las comunidades calificaron como arbitraria y carente de sustento, al considerar que se recurrió a mecanismos administrativos para limitar su participación.
Los pobladores advirtieron que esta negativa les impidió manifestar su postura frente a una planta con capacidad estimada de 554 megavatios, que se abastecería de gas natural proveniente del gasoducto Villa de Reyes–Aguascalientes–Guadalajara, el cual transporta gas metano obtenido mediante fracking en Texas, Estados Unidos.
Ante este escenario, las comunidades afectadas reiteraron que continuarán con la vía legal para defender su derecho a la información y a la participación ciudadana, así como para exigir que se evalúen a fondo los impactos ambientales y sociales del proyecto.
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