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Liberará México 682 presos por decreto presidencial

Redacción / TodoNoticias

CIUDAD DE MÉXICO

México liberará a 682 presos que no estén condenados por delitos graves, que padezcan alguna enfermedad degenerativa o en fase terminal, mayores de 70 años, indígenas, que hayan sido víctimas de tortura o que lleven más de dos años en prisión preventiva sin sentencia, indicaron el martes las autoridades.

Las liberaciones fueron anunciadas por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien explicó en una conferencia en el palacio de gobierno que el miércoles se concretarán las excarcelaciones de los referidos detenidos que están en cárceles de 13 estados y 36 penales federales en atención a un decreto presidencial de julio.

López, quien consideró a las liberaciones un “acto de justicia”, dijo que están en evaluación otros 4.233 casos de detenidos que podrían beneficiarse del proceso de excarcelación en los próximos meses.

El Secretario de Gobernación descartó la liberación de Israel Vallarta, detenido desde 2005 por un polémico caso de secuestro y que denunció torturas por las que fueron procesados varios policías. El alto funcionario precisó que Vallarta tiene pendiente otro proceso por secuestro que lo limita para recibir el beneficio.

En México hay más de 94.000 presos sin sentencia -el equivalente a 43% del total-, pero sólo 7.200 de ellos están en prisiones federales. Según el último informe sobre tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2020 la fiscalía federal tenía más de 4.600 denuncias pero en los últimos dos años sólo se habían judicializado nueve casos.

Desde que llegó al gobierno en 2018 López Obrador se comprometió a aliviar la superpoblación que existe en muchas cárceles de México e intentar evitar que personas inocentes o que no suponen un peligro para la sociedad estén en prisión. De acuerdo con cifras oficiales la población penal es de 220.866 personas.

Para ello, en abril de 2020 se aprobó una ley de amnistía que pretendía beneficiar a personas sentenciadas por posesión o transporte de droga en situación de pobreza, con discapacidad, que fueron obligadas por los grupos criminales, indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso o mujeres encarceladas por abortar.

Sin embargo, según los datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación, un año después solo habían sido liberadas cinco personas del millar de solicitudes de amnistía recibidas.