De las 20 reformas que aprobó el fin de semana el Senado sin mediar discusión o cambios, la oposición buscará revertir al menos ocho mediante acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Santiago Creel (PAN), advirtió la semana pasada, luego de cerrar el periodo ordinario, que gran parte de las reformas avaladas serán impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues no llevaron un proceso legislativo adecuado y no se construyeron acuerdos.
En la última sesión de la Cámara de Diputados, que se extendió por más de 24 horas seguidas, se aprobaron nueve reformas, de ellas, en ocho la oposición presentó mociones suspensivas con la intención de detener la dispensa de trámites.
La intención era regresar a comisiones los dictámenes que fueron presentados al Pleno por el bloque mayoritario, para que fueran discutidos; al no lograrlo, advirtieron que las modificaciones serían llevadas ante la Suprema Corte.
De éstas destacan la reforma a la Ley General de Salud para extinguir al Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi) y que sus funciones sean absorbidas por el IMSS-Bienestar; así como las reformas en materia de concesiones para minería y aguas que implicaron cambios a la Ley Minera, a la Ley de Aguas Nacionales, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
Los legisladores también sacaron adelante la polémica extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, siendo el argumento central para su eliminación la cartera vencida que enfrentaba… pero que la oposición aseguró que se disparó durante la presente administración.
Otros cambios votados a favor fueron a la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Turismo, para destinar los ingresos que se obtenga por recaudaciones turísticas para que sean utilizados para la planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura de una paraestatal que administre, opere y preste servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, culturales, entre otros.
También se expidió la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que entre sus aspectos más controvertidos son que retiró la obligatoriedad del Estado para destinar 1% del PIB a ciencia y tecnología; ahora el monto que se destine únicamente tendrá que ser superior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior.
Además, transforma el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el Centro Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Sobre las críticas por la manera como se aprobaron éstas y otras reformas, el presidente de la Mesa Directiva en el Senado, Alejandro Armenta (Morena), aseguró que la sesión en la Cámara alta, que recibió las reformas aprobadas por los diputados, se llevó a cabo con base en el reglamento y la Ley Orgánica del Congreso.
“El cierre del periodo ordinario de sesiones realizado el pasado viernes y sábado, estuvo apegado a la legalidad con base al Reglamento y Ley Orgánica del Senado, las consideraciones que demuestran ello, se presentan en el anexo jurídico”, destacó en su cuenta de Twitter.
Y es que la sesión tuvo que realizarse en la antigua sede del Senado debido a que la oposición tomó la tribuna del recinto de Paseo de la Reforma, debido a que los senadores oficialistas se negaron a nombrar a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), manteniendo al organismo inoperante.
