Grecia Quiroz afirma que buscan debilitar su administración y el proyecto que encabeza
La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, denunció públicamente que enfrenta presiones políticas con el objetivo de removerla del cargo y desacreditar su gestión al frente del Ayuntamiento.
A través de un mensaje difundido el 14 de febrero en redes sociales, la alcaldesa sostuvo que existen intentos por “enjuiciarla políticamente” y silenciar su postura en medio de cuestionamientos recientes sobre su administración.
El pronunciamiento ocurre en un contexto complejo, tras el asesinato de su esposo y entonces edil, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante un acto público. Desde entonces, el gobierno municipal ha estado bajo escrutinio, con investigaciones que han alcanzado a funcionarios y colaboradores cercanos.
Cuestionamientos y revisiones
Quiroz asumió la presidencia municipal luego de que el Congreso del Estado de Michoacán avalara su nombramiento para dar continuidad al proyecto político impulsado por Manzo.
En semanas recientes, legisladores locales han solicitado a la Auditoría Superior de Michoacán revisiones relacionadas con el manejo de recursos municipales, en particular sobre variaciones en el cobro del impuesto predial. Estas acciones forman parte de los mecanismos ordinarios de fiscalización; sin embargo, la alcaldesa considera que responden a una estrategia de desgaste político.
Hasta el momento, no se han dado a conocer procedimientos formales de destitución ni acusaciones judiciales en su contra que respalden un proceso legal para removerla del cargo.
Contexto de tensión
Desde su llegada al gobierno local, Quiroz ha enfrentado un escenario marcado por la violencia en la región y por las investigaciones derivadas del homicidio de su esposo. La detención de colaboradores vinculados con la administración municipal ha incrementado la presión pública y mediática.
Pese a ello, la alcaldesa reiteró que permanecerá en funciones y defendió la legitimidad de su proyecto político, al señalar que representa una continuidad respaldada por sectores de la población.
El caso mantiene abiertas tensiones políticas en Uruapan, mientras continúan las revisiones administrativas y el debate sobre la gobernabilidad en el municipio
Información de El Financiero
