Diputados avalan reformas para proteger a usuarios y facilitar trámites las 24 horas del día
Con 467 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma que prohíbe a bancos y tiendas departamentales imponer sanciones o comisiones por la cancelación de tarjetas de crédito o débito, permitiendo que el trámite se realice en cualquier momento y por distintos medios, ya sea presencial, telefónico o digital, los 365 días del año.
El proyecto, presentado por el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Ávila, fue discutido y votado como de obvia y urgente resolución, al modificar diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Protección al usuario y eliminación de cobros indebidos
Mier Ávila explicó que la iniciativa reforma la fracción I del artículo 18 Bis, para garantizar que en los formularios de contratación se acredite el consentimiento expreso del cliente antes de generar cualquier tipo de cargo o comisión.
“Mientras no se acredite el consentimiento expreso, no podrán generarse ningún cargo o comisión”, señaló el legislador.
Además, se adiciona un nuevo artículo 18 Bis-12, que prohíbe cobros por anualidades, comisiones u otros conceptos asociados a las tarjetas canceladas.
También se establece que el historial crediticio o el comportamiento de pago no podrán verse afectados por la cancelación, ni reportarse a las sociedades de información crediticia, como el Buró de Crédito. En caso de detectarse cobros indebidos, las entidades financieras deberán reembolsar los montos en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Reforma de “avanzada” para frenar abusos financieros
El coordinador de Morena destacó que las reformas modifican siete disposiciones legales y representan un avance importante en la protección de los derechos de los usuarios financieros.
“Es muy común que las personas reciban tarjetas o publicidad sin haberlas solicitado. Esta reforma busca poner fin a esos abusos y extender los derechos de los usuarios”, subrayó.
Mier reconoció que la iniciativa podría enfrentar resistencia por parte de cabilderos del sector financiero, pero aseguró que el objetivo es claro: “proteger a las personas, no a las corporaciones”.
El dictamen pasa al Senado
El dictamen fue enviado al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación. Mier Ávila destacó que, a diferencia de otros países donde la cancelación de tarjetas implica trámites presenciales y demorados, México busca simplificar el proceso y evitar prácticas dilatorias por parte de bancos o tiendas departamentales.
“Lo que hacemos es garantizar un derecho. Que cancelar una tarjeta no sea una odisea ni una trampa para seguir cobrando”, concluyó.
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