Por José Gregorio Aguilar / TN
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En medio de una inflación alimentaria que sigue golpeando los bolsillos de millones de familias mexicanas, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advierte que aumentar o crear nuevos impuestos es una decisión injustificable y socialmente perjudicial.
El último reporte mensual de ANPEC revela que el precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se ubicó en mil 979.15 pesos con un incremento de 0.65 por ciento respecto al mes anterior. Productos esenciales como la cebolla, el tomate verde, la papa, el papel higiénico y el jabón de lavandería registraron los mayores aumentos.
Los estados con mayor encarecimiento en la CBA fueron Tlaxcala, Baja California Sur, Chiapas, Sonora y Guanajuato. En este contexto, Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, subrayó que los alimentos en México se han encarecido 33 por ciento en la era post COVID-19, pulverizando los avances salariales y los apoyos sociales.
Aunque 22.5 millones de mexicanos han salido de la pobreza extrema, el 70 por ciento de la población sigue sufriendo los efectos de la inflación alimentaria. En 14 millones de hogares, hasta 90 centavos de cada peso se destinan exclusivamente a la compra de alimentos.
Rivera cuestionó que, en lugar de aliviar esta carga, se proponga un incremento draconiano del 87 por ciento al IEPS en bebidas saborizadas, extendiéndolo incluso a las bebidas light que antes estaban exentas. También se plantea un doble aumento al cigarro, por cajetilla y por unidad, lo que encarecería el producto en 20 y abriría la puerta al mercado negro. “Los contrabandistas se están frotando las manos”, advirtió.
Además del IVA del 16 por ciento y el IEPS en productos de consumo cotidiano, el pueblo mexicano enfrenta otro impuesto silencioso: el cobro de piso, una extorsión que se ha normalizado en carreteras, campos de cultivo y puntos de venta. A esto se suma la caída del 20 por ciento en las remesas, provocada por el acoso migratorio que obliga a nuestros connacionales a encerrarse en casa, ausentarse del trabajo y limitar la educación de sus hijos.
ANPEC sostiene que aumentar la carga fiscal en este entorno no tiene nada de saludable. Por el contrario, representa un golpe directo al tejido social y a la economía popular. “No es opción aumentar ni crear impuestos que cancelen empleos y fomenten la informalidad, que al final del día financia la criminalidad que azota al país”, concluyó.
