Negocios locales reportan quiebras y caída de visitantes tras la administración de Sedena en el Parque del Jaguar
El dinamismo turístico que caracterizaba a la entrada principal de la zona arqueológica de Tulum se ha visto drásticamente reducido desde que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió el control del Parque Nacional del Jaguar, en diciembre de 2024. La presencia militar y el nuevo esquema de cobros por acceso han transformado por completo el entorno económico de este destino.
El parque, declarado área natural protegida durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, implicó una inversión superior a 2 mil 700 millones de pesos en infraestructura ecoturística. Sin embargo, a menos de un año de su apertura, comerciantes y prestadores de servicios reportan una crisis económica provocada por las cuotas de ingreso, que van desde 105 hasta más de 500 pesos, aplicables tanto a turistas nacionales como extranjeros.
Las consecuencias han sido severas: tiendas de artesanías, restaurantes, clubes de playa y hoteles registran caídas de hasta 30% en la ocupación y ventas, niveles comparables a los de la pandemia. Muchos visitantes han optado por trasladarse a Cancún o Playa del Carmen, donde el acceso a las playas sigue siendo gratuito.
Ante la inconformidad de los habitantes, se habilitó un acceso alterno al sur, aunque comerciantes y vecinos lo consideran una medida insuficiente. Además, reportan que efectivos militares y de la Guardia Nacional realizan tareas de vigilancia, control de precios y supervisión de comercios, lo que ha derivado en roces con la población local.
La administración del Parque del Jaguar está a cargo del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), empresa creada por Sedena en 2022 para operar proyectos federales estratégicos, como el Tren Maya y aeropuertos del sureste.
Mientras tanto, en la zona de influencia del parque ya se observan nuevos desarrollos de condominios de lujo, pese a tratarse de un área natural protegida, lo que ha incrementado las críticas sobre la gestión y el futuro de uno de los principales atractivos turísticos de Quintana Roo.
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