Llama a los Estados a ejercer mayor control para evitar que armamento llegue al mercado ilegal
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una opinión consultiva en la que respalda la postura de México respecto al tráfico ilícito de armas y exhorta a los Estados a fortalecer la regulación, supervisión y control sobre la comercialización de armamento, incluso cuando participen empresas privadas.
En el documento, el tribunal internacional establece que los gobiernos deben actuar con “debida diligencia” para prevenir que las armas de fuego terminen en circuitos ilegales. Para ello, señala la necesidad de implementar mecanismos eficaces de marcaje, registro y rastreo que permitan identificar el origen de cada arma y su ruta de comercialización.
La Corte también subraya que las personas afectadas por la violencia armada deben contar con vías judiciales efectivas para exigir reparación por los daños sufridos.
Asimismo, indicó que los Estados tienen la responsabilidad de vigilar adecuadamente la administración de arsenales y de las armas decomisadas, además de reforzar la cooperación internacional para combatir el tráfico ilegal de armamento.
Aunque esta opinión consultiva no tiene carácter obligatorio, representa un respaldo a la estrategia legal que el gobierno mexicano ha impulsado desde 2022 ante instancias internacionales para aclarar la responsabilidad de empresas fabricantes y distribuidoras de armas, así como las obligaciones de los Estados en la protección de las víctimas.
Para elaborar su análisis, la CoIDH tomó como referencia diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
El pronunciamiento también refuerza los argumentos que México ha presentado en litigios contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, al advertir que decisiones comerciales negligentes pueden contribuir al aumento de la violencia armada y a la vulneración de derechos fundamentales como la vida y la integridad personal.
De acuerdo con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, este criterio internacional fortalece la estrategia jurídica y de seguridad que busca frenar el flujo ilegal de armas hacia el país.
Información de López Doriga Digital
