Advierten que la estrategia prioriza el uso de fuerza militar sin atacar las finanzas criminales
El Plan Michoacán fue recibido con fuertes críticas por parte de especialistas en seguridad, quienes lo consideraron una estrategia precipitada, improvisada y reactiva, sin un diagnóstico sólido de la situación delictiva ni un enfoque integral que permita reducir la violencia de manera sostenible.
De acuerdo con el consultor en temas de seguridad Alberto Guerrero, el plan se centra en el despliegue de fuerzas militares y policiales, pero deja de lado el combate financiero y patrimonial del crimen organizado, un aspecto que —dijo— resulta clave para debilitar a las estructuras delictivas.
“Hablan de inteligencia, pero no están atacando las estructuras financieras que lavan dinero ni las redes de extorsión o las empresas fachada. En Michoacán hay un enorme número de compañías, notarios y abogados que facilitan el lavado. Sin inteligencia financiera, cualquier operativo se vuelve cosmético”, advirtió Guerrero.
El especialista propuso la creación de unidades de inteligencia patrimonial y financiera, coordinadas con las fiscalías anticorrupción, autoridades tributarias y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el fin de rastrear flujos de dinero ilícito y propiedades vinculadas a grupos criminales.
“Es repetir lo mismo que desde Calderón: mandar tropas sin saber a dónde van. Antes de desplegar, se necesita un diagnóstico real de las incidencias delictivas, incluso en las zonas donde la autoridad nunca ha entrado”, agregó.
Programas sociales sin seguridad territorial
Respecto a los programas sociales contemplados dentro del plan, Guerrero señaló que no tendrán un impacto real mientras no exista control territorial ni se garantice la seguridad en las regiones más conflictivas.
Militarización sin resultados sostenibles
Por su parte, Jorelvy Calixto, consultora de la firma Global Thought, afirmó que el momento y la ejecución del plan reflejan una respuesta tardía frente a una crisis estructural que lleva años afectando al estado.
Al analizar la Operación Paricutín, que contempla la participación del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, Calixto advirtió que aumentar la presencia militar no garantiza la reducción de la violencia y podría incrementar el riesgo de violaciones a derechos humanos.
“El despliegue militar ha demostrado desde Calderón que no reduce la violencia, sino que a veces la incrementa. El crimen organizado es un problema de seguridad pública, no de seguridad nacional; por eso las Fuerzas Armadas no deberían ser las principales responsables”, explicó.
Michoacán, laboratorio criminal
La consultora recordó que Michoacán ha sido históricamente un “laboratorio del crimen” y de estrategias fallidas del Estado mexicano.
“Ahí se dio el primer uso de drones con explosivos, el ‘michoacanazo’, las bombas durante las fiestas patrias… Es el parteaguas de lo que luego se replicó en otros estados. Por eso se necesita una estrategia mucho más profunda, que combine justicia social e inteligencia policial”, subrayó.
“Sellar el estado”, una medida inviable
Sobre las declaraciones del titular del Ejército, Ricardo Trevilla, quien aseguró que se buscará “sellar” Michoacán para impedir el movimiento de grupos delictivos, Guerrero consideró la propuesta imposible de aplicar y violatoria de derechos constitucionales.
“No se puede sellar un estado. Eso implicaría restringir el libre tránsito, un derecho constitucional. Además, ni el Ejército conoce con precisión las zonas limítrofes con Colima, Guerrero o el Estado de México. Es una declaración más retórica que operativa”, concluyó.
INFORMACIÓN DE EK ECONOMISTA
