*Expertos y activistas denuncian una política “de persecución” similar a la de regímenes autoritarios
La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria mediante acciones que, de acuerdo con críticos y especialistas, rayan en el autoritarismo. Deportaciones sin orden judicial, detenciones arbitrarias y el uso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como brazo represivo, han sido comparados por expertos con prácticas propias de la Gestapo nazi.
“Trump ha convertido al ICE en una especie de Gestapo que levanta migrantes decentes, incluso ciudadanos estadounidenses”, afirmó Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, en entrevista con SinEmbargo. El especialista alertó además sobre la intención del mandatario de enviar migrantes a prisiones de alta seguridad, como Alcatraz, Guantánamo o incluso el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
Un caso emblemático es el de Kilmar García Ábrego, un migrante salvadoreño con residencia en Maryland que, pese a contar con suspensión de remoción desde 2019, fue detenido y deportado en marzo de este año. Fue enviado al Cecot bajo acusaciones no comprobadas de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), una práctica que se ha extendido a más de 250 migrantes deportados sin evidencias, incluyendo presuntos miembros del Tren de Aragua.
A esta política se suma la detención de figuras visibles de la lucha migrante, como la mexicana Jeanette Vizguerra-Ramírez, arrestada por agentes de ICE sin orden judicial en Colorado. Vizguerra, madre y abuela, se refugió en iglesias en 2017 durante la primera administración de Trump y desde entonces ha sido símbolo de la resistencia migrante. Su captura ha provocado protestas y denuncias de abuso de poder, incluso por parte del alcalde de Denver, Mike Johnston.
Otro caso preocupante es el del joven palestino Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia, quien fue detenido y trasladado a un centro de detención en Luisiana tras participar en protestas pro-palestinas. Pese a contar con residencia legal y no tener antecedentes penales, su detención parece estar ligada a la promesa de Trump de “reprimir a los activistas antiamericanos”.
Paralelamente, el gobierno estadounidense ha lanzado un controvertido plan que ofrece mil dólares a migrantes irregulares que se entreguen voluntariamente a través de la app CBP Home. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que esta medida busca reducir costos —que alcanzan más de 17 mil dólares por deportación— hasta en un 70%, pero expertos la consideran una forma de coacción encubierta.
Como parte de la misma política, se anunció también que la Universidad de Harvard perderá su derecho a matricular estudiantes extranjeros durante el ciclo 2025-2026, bajo acusaciones de fomentar un ambiente “proterrorista” y antisemita. La medida fue justificada por la Secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, quien exigió que la universidad entregue información sobre actividades políticas y protestas estudiantiles, bajo amenaza de sanciones penales.
Para Mike Vigil, las políticas de Trump reflejan un patrón de criminalización hacia los migrantes mientras ignora temas clave como el tráfico de armas desde EE.UU. hacia México. “Esta administración está encabezada por un criminal convicto, que ha usado su poder para perseguir, no para proteger”, sentenció.
Organizaciones de derechos humanos, autoridades locales y comunidades migrantes continúan exigiendo el respeto a los derechos fundamentales y denunciando lo que califican como una “caza de brujas” institucionalizada contra los más vulnerables.
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