La iniciativa avanza en medio de protestas de jubilados en San Lázaro
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general este 25 de marzo de 2026 la reforma constitucional que busca poner límites a las llamadas pensiones y jubilaciones “doradas” de exfuncionarios públicos en México.
La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya había sido avalada por el Senado el pasado 11 de marzo y recibió el visto bueno en la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro un día antes de su discusión en el pleno.
Durante la sesión, el debate se vio interrumpido por la irrupción de trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, quienes ingresaron al recinto legislativo para manifestar su rechazo a la reforma. Elementos de seguridad los contuvieron en el área de Aduana, destinada a la atención de manifestantes.
La modificación plantea cambios al artículo 127 de la Constitución para establecer que ninguna pensión o jubilación del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, instituciones financieras del Estado y fideicomisos podrá exceder la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo Federal, aplicable en los tres niveles de gobierno.
Asimismo, el dictamen introduce ajustes en el lenguaje constitucional para incorporar términos incluyentes, reemplazando expresiones como “presidente de la República” por “persona titular del Ejecutivo Federal”.
Sin embargo, la reforma contempla excepciones. Quedan fuera del límite las pensiones de las Fuerzas Armadas, aquellas derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales, los esquemas complementarios financiados por sindicatos y la pensión no contributiva establecida en el artículo 4 constitucional.
Durante el análisis en comisiones, representantes de jubilados de la CFE, Pemex y Nacional Financiera solicitaron a los legisladores reconsiderar posibles afectaciones a derechos adquiridos. Argumentaron que sus pensiones derivan de años de servicio y contratos colectivos, no de privilegios discrecionales. Incluso, señalaron que el ahorro estimado de cinco mil millones de pesos anuales no justificaría el impacto en prestaciones ya otorgadas.
Al tratarse de una reforma constitucional, el siguiente paso será su ratificación por la mayoría de los congresos estatales. De acuerdo con el régimen transitorio, las pensiones vigentes deberán ajustarse al nuevo tope una vez que entre en vigor la medida, mientras que las instituciones públicas contarán con un plazo de 90 días naturales para adecuar su normatividad.
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