Diputados de MC piden Ley de Amnistía para presos de origen indígena

Redacción/ TodoNoticias

La fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC) propuso emitir una Ley de Amnistía para presos de origen indígena y a quienes no se ha garantizado el acceso al debido proceso, entre otros motivos, porque enfrentan procesos en una lengua distinta a la suya.

El diputado Jorge Álvarez, recordó que en el país existen aproximadamente ocho mil presos de origen indígena que no hablan español y siguen esperando sentencia.

Álvarez Maynez indicó que si se aprueba la iniciativa presentada en esa materia, el Estado cumpliría su obligación de garantizar el acceso a procesos judiciales adecuados y en la propia lengua de los inculpados.

Manifestó que de acuerdo al Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, solo existen 25 abogados y 21 oficiales administrativos asignados a casos penales en 34 lenguas indígenas, que abordan casos principalmente relacionados con el tráfico de drogas, secuestros y crimen organizado.

Esto confirma, dijo el congresista, que el sistema de justicia tiene un déficit de personal, lo que resta capacidad para atender todos los casos pendientes, tal y como lo ha advertido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Añadió que en México, se estima existen 18 millones de personas de origen indígena, que hablan 68 idiomas distintos y hasta 364 variables de los mismos; aunado a que en el país, hay un defensor de oficio por cada 600 mil indígenas y solo 600 mil intérpretes y traductores registrados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (Panitli), lo que hace aún más difícil el acceso a la justicia.

Ello, apuntó, pese a que la ley marca que las personas de origen indígena y lengua indígena sometidas a proceso, tienen derecho a contar con defensores e intérpretes en lenguas indígenas.

Por ello, indicó, es necesario emitir una Ley de Amnistía, así como hacer lo necesario para contar con intérpretes y defensores de oficio en lenguas indígenas suficientes para atender a la población que lo requiere.

Dicha normatividad, deberá ser congruente con el nuevo sistema de justicia penal, y por lo tanto, contemplar la liberación de todos los indígenas presos cuyo derecho al debido proceso haya sido violentado.

Para ello, las autoridades judiciales y administrativas competentes, habrán de revocar las órdenes de aprehensión pendientes y poner en libertad a quienes han sido sentenciados bajo las circunstancias descritas.

La Procuraduría General de la República (PGR), abundó el legislador, deberá declarar la extinción de la acción persecutoria, por lo que los beneficiarios no podrán, en el futuro, ser interrogados, investigados, llamados a comparecer, detenidos, aprehendidos, procesados o molestados por los delitos absueltos en ejecución de la Ley de Amnistía en cuestión.