Agencias de inteligencia refuerzan monitoreo como parte de ofensiva contra la inmigración y el narcotráfico
El gobierno de Donald Trump ha ordenado a dos agencias de inteligencia de Estados Unidos aumentar sus capacidades de vigilancia satelital en la frontera con México, en un nuevo esfuerzo por frenar la inmigración irregular y el tráfico de drogas.
La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), ambas adscritas al Departamento de Defensa, serán responsables de supervisar los satélites espía y analizar imágenes para el Pentágono y otras agencias de inteligencia.
Este despliegue, sumado a la presencia militar en la zona, refuerza la creciente militarización de la frontera sur, donde Trump ha declarado una emergencia nacional.
Expansión del uso de inteligencia militar
Aunque Estados Unidos ya empleaba drones e inteligencia artificial para la vigilancia fronteriza, esta iniciativa representa una ampliación del uso de herramientas militares diseñadas para conflictos en el extranjero.
El gobierno podría utilizar inteligencia artificial para identificar objetos o personas de interés mediante imágenes satelitales, al igual que en operaciones militares, según fuentes cercanas al proyecto.
Preocupaciones sobre privacidad y legalidad
El alcance exacto de esta vigilancia no ha sido especificado. Sin embargo, expertos advierten que su implementación podría entrar en conflicto con las leyes que restringen la recopilación de inteligencia sobre ciudadanos estadounidenses.
Las normativas permiten a las autoridades de inmigración realizar registros físicos dentro de un radio de 100 millas náuticas (185 kilómetros) desde la frontera, lo que abarca ciudades como San Diego y El Paso.
“Si se atienen a la ley, estas agencias solo deberían recoger información del otro lado de la frontera, en territorio extranjero”, señaló Paul Rosenzweig, experto en seguridad nacional.
Un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional aseguró que todas las actividades de espionaje son “legales y autorizadas”, y se llevan a cabo protegiendo “las libertades civiles y la privacidad de los estadounidenses”.
Por su parte, la NGA y la NRO evitaron detallar qué información están recopilando y si la vigilancia incluye territorio estadounidense, argumentando la necesidad de mantener en secreto sus operaciones.
INFORMACIÓN DE REUTERS
