Ciudad de México. En un hecho sin precedente, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Presidente de la República incurrió en violencia política e institucional por las críticas a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica.
El caso – en el que también se incluye en los mismos términos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y al coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier- fue votado por mayoría, con el voto en contra del magistrado ponente, Luis Espíndola Morales, quien advirtió que una sentencia en esos términos limita el debate público y los derechos de libertad y de expresión.
En la resolución aprobada – como consecuencia del voto en contra del magistrado presidente de esta Sala, Rubén Lara, y del magistrado en funciones Gustavo César Pale Beristain (en lugar de Gabriela Villafuerte)- se resuelve: “primero, es existente la violencia política e institucional atribuida a Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheibaum Pardo e Ignacio Mier Velasco”.
Y si bien para el caso de la jefa de gobierno y el legislador el TEPJF da vista al Congreso de la Ciudad de México y a la Cámara de Diputados, en el caso del mandatario no hay “vista” aplicable, es decir, el jefe del Ejecutivo no tiene superior jerárquico.
La resolución de la sala Especializada puede ser impugnada ante la Sala Superior del TEPJF.
En la sesión de esta tarde se leyó el proyecto presentado por el magistrado Espíndola derivado de una denuncia de Movimiento Ciudadano. El proyecto planteaba que las críticas emitidas por los funcionarios no acreditan la intención de menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político electorales de las personas legisladoras denunciantes.
Adujo que la violencia política existe cuando se llevan a cabo actos u omisiones con la finalidad de limitar, anular o menoscabar el ejercicio de esos derecho, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a un cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización así como el acceso y el ejercicio de sus prerrogativas.
Se indica que la opinión del Presidente de la República sobre el rechazo a su iniciativa de reforma eléctrica, expresada en una de sus conferencias de prensa matutinas, en el sentido de que las élites políticas a lo largo de su historia han apoyado a empresas extranjeras y con ello traicionan al país, no demuestra que hubiera tenido como objetivo coartar o limitar la facultad o libertad de deliberación y decisión de las personas legisladoras ni mucho menos denostar su labor y generar en la opinión pública la idea que no cuentan con la capacidad de ejercer el cargo, además de que no hizo referencia a las legislaturas y menos aún a las denunciantes.
Misma situación en el caso de las expresiones de la jefa de gobierno y del coordinador de los diputados morenistas.
