*La representación diplomática califica de falsa la supuesta nota que vinculaba a mandatarios y legisladores con el crimen organizado
La Embajada de Estados Unidos en México desmintió este martes la existencia de una supuesta lista difundida en redes sociales en la que se anunciaba la cancelación de visas para varios gobernadores mexicanos y legisladores, acusados de presuntos vínculos con el narcotráfico.
El documento, que se atribuía falsamente al Departamento de Estado de EE.UU., señalaba a los gobernadores Layda Sansores (Campeche), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Samuel García (Nuevo León) y Américo Villarreal (Tamaulipas), así como al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.
Según la publicación, las visas habrían sido revocadas por supuestos nexos con cárteles de la droga. Sin embargo, la embajada estadounidense fue categórica al afirmar que la información es falsa y no proviene de ninguna fuente oficial del gobierno de ese país.
La aclaración ocurre en medio de la controversia generada por la reciente cancelación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Alberto Torres. Según reportes previos, la medida se habría tomado por considerar que ambos “insultaron y ofendieron” al gobierno estadounidense.
🚨 ADVERTENCIA 🚨
Esta información es falsa. pic.twitter.com/fkJczA7nGz— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) June 3, 2025
Desde el inicio del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos ha endurecido sus políticas migratorias y de visado, aplicando sanciones no solo a funcionarios, sino también a figuras del espectáculo. Entre los afectados en años recientes se encuentran artistas como Grupo Firme, Julión Álvarez y Los Alegres del Barranco.
Además, este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la revocación de visas a funcionarios centroamericanos que colaboran con las misiones médicas cubanas, a las que calificó como parte de un esquema de “explotación laboral”.
Las restricciones se enmarcan en una política más amplia de Washington para sancionar a individuos y gobiernos señalados de participar en prácticas que violan los derechos humanos o amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos.
