Luego de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, calificara como poco ético que los jueces cobren su salario durante el paro de labores que comenzó el 19 de agosto en protesta por la reforma judicial promovida por el presidente López Obrador y el partido Morena, funcionarios de juzgados federales alzaron la voz para cuestionar su postura.
“Afuera del Palacio de Justicia de San Lázaro, en el quinto día de paro, Patricia Aguayo, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, preguntó: ‘¿Es ético que los legisladores tengan audiencias programadas y que no vayan o que vayan solo a levantar la mano por instrucción de Palacio Nacional?’”, dijo en respuesta a las declaraciones de Sheinbaum.
Aguayo defendió que los trabajadores del sector judicial están ejerciendo un derecho reconocido, subrayando que “aquí se trata de derechos reconocidos, no de ética. Si hablamos de ética, el partido en el poder tiene mucha más cola que le pisen, mientras nosotros somos trabajadores honestos que vivimos de nuestro trabajo”.
Sheinbaum, por su parte, había argumentado que era necesario revisar la legalidad de los paros remunerados, señalando que “no es legal lo que están haciendo los trabajadores” y que la mayoría de la población probablemente apoyaría la idea de que los jueces se vayan a paro, pero sin cobrar.
En respuesta, los trabajadores del Poder Judicial cuestionaron la intervención del Ejecutivo en la suspensión de sus salarios. Afirmaron que no han recibido ningún comunicado oficial del Consejo de la Judicatura Federal respecto a la suspensión de pagos, señalando que esta acción solo podría ser ordenada por dicho Consejo, el cual pertenece al Poder Judicial, autónomo e independiente.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó a la Secretaría de Gobernación y al Consejo de la Judicatura Federal suspender los sueldos de los trabajadores que se unan al paro. Sin embargo, los funcionarios judiciales han defendido la independencia del Poder Judicial y criticaron la intervención del Ejecutivo en asuntos que, según ellos, son competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura Federal.
Además, los trabajadores expresaron su preocupación ante la posibilidad de que, con la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, no se respeten derechos laborales como la antigüedad y otras prestaciones fundamentales.
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