Erik Huerta / TN
Tampico, Tamaulipas.- La desaparición de la pequeña Gabita, ocurrida hace ya 31 días tras un polémico procedimiento judicial, ha provocado una creciente ola de indignación social y cuestionamientos hacia las autoridades judiciales de Tamaulipas.
Y es que de acuerdo con la madre de la niña, Gabriela Salazar, la custodia le fue arrebatada de manera violenta en un operativo encabezado por el actuario Marco Antonio Hernández Paulín, del Juzgado Tercero de lo Familiar, con apoyo de elementos de la Guardia Estatal.
La orden fue emitida por la jueza Roxana Ibarra Canul, quien otorgó la tutela a Alejandro Ávila Limas, su expareja quien fue señalado en su momento por violencia física, psicológica y vicaria.
Colectivos como Mujer Manglar denunciaron que, aunque una jueza federal ordenó restituir la patria potestad a la madre días después del desalojo, el Juzgado Tercero retrasó el cumplimiento de la instrucción, lo que permitió que Ávila Limas huyera con la menor.
A pesar de que se activaron una alerta migratoria y una Alerta Amber, activistas cuestionan la falta de resultados y la ausencia de una ficha oficial de búsqueda.
La Fiscalía General de Justicia del Estado ha sido señalada por presunta negligencia e incluso de proteger al presunto responsable.
“¿Qué más necesitan para actuar? Se preguntó La madre de la menor y agregó “La Fiscalía está obligada a responder por la vida e integridad de Gaby y su hija”.
Insiste en que la niña corre un alto riesgo y responsabiliza directamente a las autoridades estatales de lo que pueda ocurrir. Organizaciones feministas y de derechos humanos demandan que el caso no quede impune, que se refuercen las acciones para localizar a la menor y que se investiguen a fondo las decisiones judiciales que derivaron en su desaparición.
