La FGR documenta movimientos financieros sospechosos de los hermanos Farías Laguna
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó información detallada sobre los movimientos financieros millonarios de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante respectivamente, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán e implicados en la red de huachicol fiscal operada en aduanas de Tamaulipas.
Según la causa penal 325/2025, Manuel Roberto Farías Laguna recibió entre 2020 y 2024 un salario de la Secretaría de Marina de 12 millones 168 mil pesos, pero realizó operaciones y compras que superan ampliamente sus ingresos oficiales, incluyendo la adquisición de un inmueble por 5.1 millones de pesos, pagos en efectivo y transferencias a cuentas de seguros y proveedores de vehículos de lujo por montos superiores al millón de dólares. La FGR señala que estas operaciones podrían ser parte de una red de corrupción, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Su hermano, Fernando Farías Laguna, también asalariado de la Semar, declaró ser accionista de diversas actividades empresariales, pero no emitió facturas por los ingresos reportados. Entre 2019 y 2023 adquirió un terreno, vehículos y un inmueble por 4.5 millones de pesos, utilizando pagos en efectivo y cheques de caja, operaciones que la Fiscalía considera posibles simulaciones y vinculadas a familiares. La FGR advierte que sus gastos superan los ingresos reportados, lo que genera sospecha sobre el origen de su riqueza.
Actualmente, Manuel Roberto Farías Laguna está vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, mientras que Fernando es considerado prófugo de la justicia. La investigación indica que ambos manejaban cambios de adscripción y designaciones en aduanas, facilitando el traslado de millones de litros de combustible sin pagar impuestos y presuntamente entregando sobornos a funcionarios.
El caso evidencia cómo miembros de la Secretaría de Marina podrían haber operado junto con empresas y servidores públicos en una red compleja de corrupción fiscal que involucró recursos millonarios y transacciones fuera del marco legal.
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