El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) apoyo para organizar la elección en Chiapas, especialmente en Chicomuselo, municipio que se encuentra asediado por cárteles y cuyos habitantes le niegan el paso al Ejército para evitar más violencia.
El 2 de junio en Chiapas se renovará la gubernatura, el Congreso local, 123 presidencias municipales y se elegirán diputados federales y senadores, por lo que el INE ha comenzado a implementar acciones para que la elección se realice a pesar del clima hostil que se vive en la entidad.
El INE solicitó a la VII Región Militar de la Sedena, con sede en Tuxtla Gutiérrez, que resguarde las sedes de los exámenes para Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) en Chicomuselo, de acuerdo con un informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva del árbitro electoral.
Los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales son vitales para que el proceso electoral se lleve a cabo, pues se encargan de instruir a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla y contarán los votos de sus vecinos.
En Chicomuselo, los pobladores negaron ayer, por segunda ocasión en el año, el ingreso de militares a sus comunidades. A través de un comunicado, acusaron que el “Ejército ya no es del pueblo” y que “en la sierra y frontera de Chiapas se vive un momento más que tenso”.
Acusan que, a pesar de la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS), y la presencia del grupo paramilitar El MAIZ (Mano Izquierda), el Ejército no hace nada en su contra.
“La gente que trabaja, que lleva y compra, viaja, camina y se da cuenta que el Ejército pone retenes, pero se va o cuando pasan los malandros, se hace o le obligan a que deje pasar, por lo que las comunidades aplican sabiamente la resistencia”, dice el comunicado con fecha del 23 de enero.
La misiva, dirigida a los medios de comunicación, al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Rutilio Escandón, señala que los ejidos de Chicomuselo tenían la opción de dejar sus comunidades o resistir bloqueando los accesos a sus tierras, por la cual optaron. El pasado 16 de enero, los pobladores del ejido Nueva América encararon a militares que iban a verificar el reporte de un enfrentamiento en la zona. Soldados y ejidatarios se enfrentaron verbalmente, e incluso hubo amenazas por parte de los mandos castrenses.
Están tapando el camino a la autoridad, es nuestro deber reconocer en todos lados, dar seguridad a la comunidad, a todas parejo… El problema son ustedes cobardes, porque a dos o tres personas armadas le tienen miedo. ¡Cobardes! Para eso se deben de unir”, dijo un comandante del Ejército.
La violencia provocó el desplazamiento de decenas de familias del municipio debido a los constantes enfrentamientos y a que los cárteles reclutan a la fuerza a la población.
El gobierno de Chiapas reconoce que atiende a mil 864 personas desplazadas de Chicomuselo en albergues temporales de los municipios de Tzimol, Socoltenango, Comitán y La Trinitaria.
En el albergue temporal de Tzimol se atiende a 23 personas y en el albergue de Socoltenango a 466 personas; en La Trinitaria se atiende a 431 personas y en Comitán a 944 personas que se encuentran en casas solidarias ubicadas en diversas colonias. Al momento se ha entregado 3.5 toneladas de alimentos, afirma Protección Civil del estado de Chiapas.
“Detén a los líderes del cuatro letras (CJNG) y del CDS, saca a los malandros de los territorios que saben en dónde y cómo se mueven. Como nunca este es el testimonio claro, contundente, de una realidad que puede cambiar si se escucha a las y los campesinos de esta comunidad. Ojalá lo escuchen”, reclamaron los pobladores de Chicomuselo.
Al INE también le preocupa la seguridad en los municipios de Bella Vista, Frontera Comalapa y Pantelhó, donde se han registrado múltiples enfrentamientos entre grupos armados, por lo que solicitó a través de dos oficios a las autoridades federales el informe sobre las condiciones de seguridad en los tres municipios y a la Secretaría General de Gobierno de Chiapas la planeación de recorridos de casillas para identificar cuáles requerirán intervención de las corporaciones de seguridad públicas estatales y municipales el 2 de junio.
Tabasco es otro estado que el INE identifica como punto rojo, pero hasta el “momento no ha solicitado apoyo de seguridad para esa entidad que renovará” gubernatura, Congreso local, 17 presidencias municipales, además de los cargos ” federales.
Los representantes de los partidos políticos de oposición en el INE solicitaron elaborar mapas de riesgo para saber donde deben salvaguardar la integridad de sus candidatos, pues advirtieron que muchos de ellos se verán limitados para hacer campaña por la violencia que experimentan varios estados.
Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, dijo “que la autoridad electoral ha quedado a deber en cuanto a las acciones a realizar para blindar la elección y pidió tres acciones concretas: mapas de riesgo, valorar el protocolo y guía de actuación de las autoridades para salvaguardar la integridad” física de los servidores públicos y foros y consultas con expertos en materia de seguridad.
El perredista recordó que “en las últimas semanas fueron asesinados tres aspirantes de la oposición” a cargos de elección popular: Alfredo Giovanni Lezama, regidor panista de Cuautla, Morelos, que aspiraba a ser candidato a diputado federal; Ricardo Taja, aspirante a una diputación federal por Acapulco, Guerrero; y David Rey González, que aspiraba a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas, por lo que urgió al Instituto a cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordenó los mapas de riesgo y demás acciones.
Rubén Moreira, representante del PRI ante el Consejo General, advirtió que “va a haber candidatos que no van a aceptar, va a haber muchos candidatos que no puedan hacer campaña; en tanto, Victor Hugo Sondón, representante del Partido Acción Nacional, señaló “que no se advierten acciones concretas para mitigar la presencia del crimen organizado en las elecciones”.
La consejera Norma Irene de la Cruz respondió a la acusación de que el INE no ha hecho nada para frenar la intervención del crimen organizado en las elecciones y aseveró que es responsabilidad de los partidos no postular a candidatos que puedan ser financiados con dinero ilícito.
“Ahora que están en ese proceso de selección y de intercampaña, revisen cómo van a blindar sus campañas para que no venga dinero ilegal, revisen cómo van a revisar todos los ingresos y aportaciones para que efectivamente no venga dinero de origen ilícito que pueda alterar la voluntad popular.
El INE está haciendo su trabajo, partidos, ayúdenos a hacer nuestro trabajo y tomen la responsabilidad que tienen como institutos de interés público, por favor”, dijo.
El representante de Morena, Sergio Gutierrez Luna, calificó de politiquería la petición de la oposición y acusó que fueron ellos quienes provocaron la crisis de seguridad en el país, por lo que les exigió hacerse responsables.
