Se confirma la legalidad de la vinculación a proceso y la prisión preventiva dictadas en 2025
En una resolución clave dentro de un proceso de alto impacto, una jueza federal negó el amparo promovido por Hernán “N”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, con lo que ratificó la prisión preventiva justificada que enfrenta desde septiembre de 2025 por su presunta participación en el caso conocido como “La Barredora”.
El fallo cierra una de las principales vías legales que buscaba la defensa del exfuncionario para modificar su situación jurídica y consolida el proceso penal en su contra, al validar las decisiones tomadas previamente por autoridades judiciales del ámbito local.
Avala Poder Judicial federal resoluciones locales
De acuerdo con la resolución, la jueza de distrito determinó que tanto el auto de vinculación a proceso como la medida cautelar de prisión preventiva, ordenadas el 23 de septiembre de 2025 por un juez de control en Tabasco, cumplieron con los requisitos constitucionales y legales.
Hernán “N” había argumentado presuntas irregularidades y violaciones al debido proceso; sin embargo, la autoridad federal concluyó que no existían elementos suficientes para invalidar las actuaciones judiciales impugnadas.
Riesgo de fuga y obstrucción de la justicia
La prisión preventiva justificada fue impuesta al considerar riesgo de fuga y la posibilidad de interferencia en la investigación, criterios que, según la jueza, siguen vigentes y resultan proporcionales frente a la gravedad de los hechos que se investigan dentro del expediente “La Barredora”.
Con esta determinación, se agotan las opciones inmediatas para que el exsecretario de Seguridad Pública enfrente el proceso en libertad.
Impacto jurídico y político
La negativa del amparo es considerada un precedente relevante en materia de rendición de cuentas, al fortalecer la posición de la fiscalía y respaldar el actuar del sistema judicial frente a presuntos actos de corrupción y vínculos delictivos en el ámbito gubernamental.
El caso “La Barredora” continúa su curso y mantiene bajo escrutinio público uno de los procesos penales más sensibles para las instituciones de seguridad en el sureste del país.
INFORMACIÓN DE MVS
