La iniciativa plantea autorizarla a mayores de edad con enfermedades terminales y bajo estrictos protocolos de salud
La diputada de Morena Naty Jiménez presentó una iniciativa para permitir la muerte asistida en México a personas mayores de 18 años que la soliciten por escrito, sin que ello constituya un delito ni genere sanciones civiles, siempre que se cumplan criterios médicos y legales establecidos por las autoridades de salud.
La propuesta contempla reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, con el objetivo de reconocer el derecho a la muerte asistida en casos de pacientes con enfermedades en etapa terminal, previa evaluación y autorización institucional.
Cambios a la Ley General de Salud
En su planteamiento, la legisladora propuso añadir el concepto de muerte asistida al apartado de cuidados paliativos para personas en situación terminal. La ley, explicó, deberá garantizar la dignidad del paciente, establecer protocolos claros a cargo de la Secretaría de Salud y asegurar que los procedimientos sean realizados por personal médico autorizado y en condiciones adecuadas.
La iniciativa define como muerte asistida la terminación intencional de la vida, practicada por personal médico autorizado, a solicitud expresa del paciente, mediante eutanasia o suicidio asistido. La eutanasia se entendería como el acto directo para poner fin a la vida del solicitante, mientras que el suicidio asistido implicaría que el personal médico proporcione los medios para que la persona ejecute el acto por sí misma, con autorización previa.
Solo personas mayores de edad podrán solicitar este procedimiento, el cual deberá ser analizado por el Comité de Bioética previsto en la Ley General de Salud, encargado de evaluar la capacidad del solicitante y la procedencia de la petición.
Asimismo, el personal médico podrá excusarse por objeción de conciencia, en cuyo caso la institución de salud estará obligada a asignar a otro profesional que no se oponga al procedimiento.
Despenalización en el ámbito penal
En cuanto al Código Penal Federal, la iniciativa establece que no se considerará delito la muerte asistida cuando se realice conforme a las disposiciones de la Ley General de Salud y a la normatividad emitida por la Secretaría de Salud.
El proyecto prevé que, de aprobarse la reforma, la Secretaría de Salud contará con 180 días naturales para emitir los lineamientos y reglas necesarias para su aplicación.
Argumentos sobre dignidad y salud
Al defender su propuesta, la diputada señaló que la dignidad humana ha sido reconocida por la Suprema Corte como un principio jurídico que no debe confundirse con criterios morales, y que el derecho a la salud debe garantizarse sin discriminación.
Subrayó que existen enfermedades incurables y terminales que generan dolor severo, deterioro irreversible y pérdida de capacidades, situaciones en las que los cuidados paliativos no siempre son suficientes. Citó que, de acuerdo con el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica (2020), solo alrededor del 3 por ciento de la población en México tiene acceso a este tipo de atención especializada, concentrada en pocas unidades médicas.
Añadió que la capacitación en cuidados paliativos es limitada entre médicos y personal de enfermería, y que pocas escuelas de medicina incluyen esta formación en sus programas.
La legisladora sostuvo que la falta de acceso a una atención adecuada provoca que muchas personas prolonguen su vida en condiciones de sufrimiento, lo que, a su juicio, abre el debate sobre el derecho a decidir una muerte digna.
“Ni la legislación nacional ni los instrumentos internacionales se pronuncian de forma expresa sobre el derecho a decidir sobre la muerte cuando no es posible garantizar una calidad de vida digna”, argumentó, al considerar que esta decisión forma parte del respeto a la dignidad y al más alto nivel posible de salud física y mental.
INFORMACIÓN DE MVS
