La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que iniciará funciones el próximo 1 de septiembre con nueve ministros, recibirá al menos mil 228 expedientes sin resolver que dejarán los actuales integrantes del máximo tribunal, además de una carga creciente de nuevos casos.
Los expedientes heredados —congelados de manera automática hasta la llegada de los nuevos juzgadores— incluyen asuntos de alto impacto, como los adeudos fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego, litigios relacionados con el doble cobro de IVA por parte de empresas manufactureras, y controversias sobre temas sensibles como interrupción legal del embarazo, derechos de infancias trans y la extinción de organismos autónomos.
De acuerdo con datos obtenidos por El Sol de México, hay al menos 428 asuntos sin proyecto de resolución, lo que implica que deberán ser elaborados desde cero por la nueva integración de la Corte. Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres, quienes repetirán en el cargo, concentran la mayor parte de estos pendientes, junto con Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
La presión se incrementa por lo establecido en el artículo 17 de la reciente Reforma Judicial, que obliga a la SCJN a resolver todos los casos en un plazo máximo de seis meses a partir de su recepción.
En 2023, la Suprema Corte resolvió 4,299 casos; en 2024, la cifra descendió a 3,853. Sin embargo, a partir de septiembre, todos los asuntos deberán resolverse exclusivamente en el pleno, que pasará de 11 a 9 ministros.
Fuentes judiciales señalaron que los nuevos integrantes podrían acordar una reorganización interna para formar grupos de trabajo similares a las antiguas salas, con el objetivo de enfrentar la carga de expedientes. Seis de los nueve nuevos ministros, incluido el virtual presidente Hugo Aguilar, llegarán sin experiencia previa en el máximo tribunal.
“El reto es enorme. Hay una curva de aprendizaje importante y deberán adaptarse bajo condiciones de alta presión”, señaló el académico Javier Martín Reyes, quien también advirtió sobre el riesgo de saturación y rezagos aún mayores.
Entre los casos más sensibles que aún no han sido resueltos se encuentran:
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El litigio de las empresas IMMEX sobre IVA, con impacto estimado en 46 mil millones de pesos.
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El amparo contra la creación del Banco Nacional de ADN, por presunta vulneración a la privacidad.
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La posible inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, que aún no se ha definido pese a estar programada para discutirse el 5 de agosto.
El panorama para la nueva Corte estará marcado por la complejidad técnica, la alta carga de trabajo y los efectos políticos que rodean cada resolución.
INFORMACIÓN DE EL SOL DE MÉXICO
