El coordinador Marko Cortés, dijo que a consideración de los panistas el Ejecutivo Federal cometió delitos y los responsables deben ser sancionados.
Demandó que las autoridades federales den a conocer los protocolos a través de los cuales se decidió aplicar el sistema “Pegasus”, para “dirigir la intervención”, es decir, el espionaje, contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, políticos e investigadores de instituciones públicas.
Cortés Mendoza añadió que el PAN propondrá al Congreso de la Unión una ruta de trabajo en torno al delicado asunto, a fin de “integrar un expediente de investigación” que permita dar con los responsables de haber intervenido las comunicaciones de los señalados.
Apuntó que en el marco de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, el diputado Jorge Ramos, también presidente de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, solicitó que el Congreso ejerza su facultad de contrapeso y de seguimiento puntual a las investigaciones que realizará la Procuraduría General de la República (PGR).
Recalcó que “en breve”, se definirán las fechas de las reuniones de trabajo con funcionarios del Gobierno Federal, a fin de que informen “bajo protesta de decir verdad” cómo se utilizó el software “Pegasus” y por qué se dirigió a algunos ciudadanos en específico.
“En México no pudimos ser capaces de descubrir lo que sí logró el Laboratorio interdisciplinario Citizen Lab, con sede en Toronto, Canadá, el cual confirmo que buscaron intervenir equipos de comunicación de manera ilegal, por medio del malware Pegasus a periodistas, activistas, políticos de oposición e investigadores de instituciones públicas que son críticos del gobierno o que investigaban la corrupción de los funcionarios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto”, apuntó.
El legislador por Michoacán señaló que ese caso debe ser considerado como una violación a los derechos humanos y lamentó la respuesta evasiva, insuficiente y poco creíble que las autoridades han dado hasta el momento.
Manifestó que hasta el momento se ha querido “ocultar” un “delito grave” y por tratarse de asuntos de interés nacional y probables violaciones graves a derechos humanos, la información al respecto no se puede reservar.
“Es absolutamente inaceptable que el PRI-Gobierno a la más vieja usanza pero ahora con moderna tecnología, esté espiando e invadiendo la intimidad de las personas; por eso insistimos en que llevaremos este caso hasta las últimas consecuencias. No vamos a descansar hasta que los responsables renuncien a sus cargos, sean procesados y encarcelados”, advirtió.
Sentenció que es altamente probable que los casos de espionaje revelados por el diario The New York Times y otros medios de comunicación no sean los únicos, por lo que el legislativo debe involucrarse para verificar que las indagatorias lleguen a las últimas consecuencias y los responsables sean castigados de manera ejemplar