Dictamen independiente apunta al uso de dos armas en el crimen que conmocionó al país
Aunque el caso ocurrió en Michoacán, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha tenido eco en Tamaulipas y otras entidades, donde autoridades, especialistas y sectores políticos siguen con atención el proceso judicial, debido a las implicaciones sobre el actuar de fiscalías, escoltas y el uso de la fuerza en hechos de alto impacto.
Un peritaje balístico solicitado por la defensa de los escoltas del edil asesinando contradice la versión de la Fiscalía General de Michoacán, la cual sostiene que el homicida fue abatido con la misma arma que utilizó para matar al alcalde. El dictamen independiente concluye que se emplearon dos armas distintas durante los disparos registrados el 1 de noviembre en la plaza principal de Uruapan.
De acuerdo con la fiscalía estatal, los siete disparos efectuados en el lugar provinieron de una sola pistola calibre 9 milímetros, una Pietro Beretta con matrícula borrada, presuntamente accionada por el adolescente agresor. Seis tiros impactaron al alcalde y el séptimo, según esta versión, fue usado por un escolta para abatir al atacante con esa misma arma.
Sin embargo, el análisis realizado por un criminalista privado, a petición de la defensa, determinó que los casquillos presentan características diferentes. Seis de ellos, de color gris y con la leyenda “Luger Mon”, corresponden al arma del agresor y fueron localizados en el área donde se perpetró el ataque contra Manzo.
El séptimo casquillo, de color dorado y con la inscripción “Águila”, fue hallado en una jardinera donde se produjo el forcejeo entre los escoltas y el agresor. Este casquillo, identificado como indicio 9, presenta marcas de percusión distintas, las cuales —según el dictamen— coinciden con el arma de cargo del escolta Demetrio de la Cruz, también calibre 9 milímetros.
El peritaje señala que el arma del homicida deja una huella característica en forma de “C”, visible en los seis casquillos grises, mientras que el casquillo dorado muestra una marca en forma de punto, similar a la que se obtuvo en disparos de prueba realizados con el arma del escolta.
Pese a ello, la Fiscalía de Michoacán, encabezada por Carlos Torres, mantiene su postura de que el agresor fue abatido con su propia pistola y ha desestimado el dictamen presentado por la defensa, señalando que será el juez quien determine la validez de las pruebas.
El caso también ha reavivado el debate en estados como Tamaulipas sobre la responsabilidad legal de los escoltas, ya que la fiscalía acusa a los elementos de seguridad de haber incurrido en omisiones durante el ataque. La defensa rechaza esta acusación y sostiene que incluso una de las escoltas, Monserrat Hernández, resultó lesionada al intentar proteger al alcalde, hecho que —aseguran— no fue valorado por el juez.
Además, la defensa cuestiona la versión oficial sobre la detención de los escoltas, al afirmar que no ocurrió durante un operativo, sino de manera voluntaria, cuando acudieron a un llamado de la autoridad para un acto de investigación.
De confirmarse la acusación de actuar con dolo o intención, los escoltas podrían enfrentar penas de entre 20 y 50 años de prisión, en un proceso que sigue generando atención y controversia a nivel nacional.
INFORMACIÓN DE LATINUS
