El Congreso peruano acusa a la presidenta mexicana de injerencia en asuntos internos.
La crisis diplomática entre México y Perú se agudizó este jueves 6 de noviembre, luego de que el Congreso peruano aprobó una moción para declarar persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusa de mantener una “inaceptable injerencia” en los asuntos internos del país andino.
La resolución fue impulsada por los congresistas Ernesto Bustamante, Alejandro Aguinaga, María del Carmen Alva, Roselli Amuruz, José Cueto, Gladys Echaíz, Nelcy Heidinger y Milagros Jáuregui, quienes consideraron que las declaraciones recientes de Sheinbaum sobre la situación política del Perú representan “un agravio al sistema democrático nacional”.
“Hemos sido testigos de declaraciones y actitudes que traspasan estos límites y constituyen un agravio directo a nuestro país”, expresó el legislador Ernesto Bustamante, al recordar que la relación bilateral con México comenzó a deteriorarse durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien también fue declarado persona non grata por Lima.
El distanciamiento entre ambas naciones —socias en la Alianza del Pacífico— se profundizó esta semana, luego de que el Gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con México, tras otorgarse asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra y colaboradora del expresidente Pedro Castillo, acusada de participar en el intento de autogolpe de Estado en diciembre de 2022.
El canciller peruano, Hugo de Zela, explicó que la decisión se tomó “frente a un acto inamistoso y ante las reiteradas intervenciones” de los gobiernos mexicano actuales y anteriores en los asuntos internos del país.
“Lamentamos profundamente que el Gobierno mexicano persista en una posición equivocada e inaceptable, que nos ha llevado a romper relaciones diplomáticas con una nación con la que manteníamos lazos fraternales”, declaró el funcionario.
La presidenta Claudia Sheinbaum no ha emitido una respuesta oficial al pronunciamiento del Congreso peruano, aunque en ocasiones anteriores ha defendido su postura respecto al caso de Pedro Castillo, argumentando que su posición se basa en principios de solidaridad y respeto a los derechos democráticos.
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